Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han iniciado una «larga batalla judicial» que ha dado comienzo este martes con la petición de medidas cautelares y la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (Lespre).

Además, pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación, considerando que la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que protege al lobo «va en sentido contrario» a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que determinó en 1992 que esta especie al sur del Duero es «estrictamente protegida» pero al norte es «gestionable». Así, creen que desde el Gobierno central «han ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya».

Con estas actuaciones las comunidades que aglutinan «el 95%» de la población lobera de España confían en poder acabar con la orden publicada el 21 de septiembre que incluye al lobo como especie protegida, una «tropelía» contra los ganaderos que «también va en contra de la propia especie».

Así lo han dicho los consejeros responsables del área de las cuatro comunidades, que se han reunido hoy en Santander con representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, COAG, Asaja y UPA, para abordar su respuesta a la inclusión del lobo en el LESPRE y coordinar su respuesta.

En concreto, el titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha recibido en la sede de la Consejería a sus homólogos Alejandro Calvo (Asturias), Ángeles Vázquez (Galicia) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León); así como a Pedro Barato (Asaja), Charo Arredondo (COAG) y Román Santallana (UPA).

Los consejeros han pedido «justicia y coherencia» para buscar la «coexistencia» entre el lobo y la ganadería extensiva y han confiado en que los tribunales les concedan las medidas cautelares solicitadas para poder seguir aplicando sus planes de gestión de la especie.

Además, aunque han criticado el «desprecio» mostrado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia el mundo rural, han apelado nuevamente al «consenso» y le han pedido que «no tenga miedo al diálogo», porque una medida así «no se puede decidir de forma autoritaria y despreciando a los territorios».

ASAJA, COAG Y UPA ANUNCIAN MOVILIZACIONES

Por su parte, las principales Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han avanzado que ellos también van a recurrir porque la orden es un «atropello» contra el sector ganadero, han anunciado movilizaciones y han reiterado la solicitud de la dimisión de la ministra Ribera si no «rectifica».

Asaja, COAG y UPA, que han insistido en la necesidad de dialogar, van a mantener una nueva reunión este jueves en la que se determinará qué medida «contundente» van a adoptar.

Por parte de Asaja, su presidente nacional, Pedro Barato, ha dicho sentirse «muy defraudados» y «engañados», y ha afirmado que tanto la ministra Ribera como el secretario de Estado Hugo Morán «mienten», dado que están tomando medidas que «van en contra» de la España rural, que «se está quedando vacía».

En la misma línea, la responsable de ganadería de la Comisión Ejecutiva de COAG, la cántabra Charo Arredondo, ha mostrado su «disgusto» por este decreto y ha criticado que las autoridades hablen de la España vaciada cuando «nos están vaciando ellos mismos».

«Se nos indemnice más o menos, el dinero no lo es todo. El corazón no se paga con dinero», ha señalado Arredondo en relación a lo que supone la pérdida de animales.

Respecto a la dimisión de la ministra, ha indicado que «si no nos entiende que se vaya» y en cuanto a la norma ha subrayado «esto lo tenemos que volver para atrás sí o sí».

Asimismo, el secretario general de UPA, el gallego Román Santallana, ha destacado la «unidad de acción» alcanzada en términos políticos y sindicales en el asunto del lobo, y ha reiterado que «nos han engañado», afirmando que la especie en España «está en fase de expansión», «mucho más» que en el resto de Europa.

«Esta división del mundo rural y urbano no se va a quedar sin respuesta», ha sentenciado Santallana, quien cree que la actuación en la calle no se puede «demorar».

Los tres representantes ganaderos han agradecido a los consejeros «poner en valor» al sector, así como su «comportamiento» y «responsabilidad» por el «bien común» de los ganaderos españoles.