La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha pedido al Gobierno nuevas medidas adicionales a las ya aprobadas para contener el impacto que el alza de las materias primas está teniendo en el sector.

La patronal ha señalado que la respuesta que dio el Ejecutivo –revisiones de hasta el 20% del presupuesto de obra si algunos materiales registraban un aumento superior al 5%–, «no es suficiente», ya que se omitía la revisión del término de la energía y excluía «a la práctica totalidad de contratos formalizados en 2021».

«Debido a que esta situación, lejos de resolverse, se ha agravado en el primer trimestre de 2022, por lo que harán falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados a partir de 2021», ha señalado el presidente de Seopan, Julián Núñez, en un encuentro con la prensa.

Además, el presupuesto no ejecutado por el Estado se elevó el año pasado a 3.683 millones de euros en obras sin ejecutar entre los dos grandes ministerios inversores (Transportes y Transición Ecológica) y la contratación pública por concesiones se mantuvo prácticamente inexistente, con solo 490 millones de euros.

Asimismo, por primera vez desde el inicio de la serie estadística en 2014, la producción de las compañías adscritas a Seopan para clientes privados representó más que la demandada por las Administraciones Públicas, en concreto un 55% de la producción total, que aumentó un 6,6%, hasta 6.473 millones de euros.

Por otro lado, las restricciones a la movilidad que duraron hasta el 9 de mayo del 2021 supusieron en el periodo 2020-2021 pérdidas de tráfico del 25,6% en concesiones de autopistas y del 17,4% en autovías de primera generación.

En cualquier caso, la licitación pública logró superar en un 23% los datos anteriores a la pandemia, hasta alcanzar los 23.647 millones de euros, y la contratación en un 3,5%, también respecto a 2019.