La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) ha manifestado su «contundente rechazo» a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros para atajar la subida del recibo de la luz, fundamentalmente las que implican una minoración de sus ingresos, que han calificado como «intervencionistas».

La asociación ha instado al Gobierno a buscar soluciones «verdaderamente eficaces», que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada, que suponen un tercio del total. «Las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica», ha denunciado la asociación en un comunicado.

En este sentido, pide que no se penalice «de forma injusta» a un sector comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables.

«El sector eléctrico está asumiendo grandísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones de euros este año», ha argumentado la Asociación.

A juicio de la asociación, y a falta de conocer el texto del Real Decreto-ley, el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear, justificado en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas, es una medida «injusta y desacertada» para las empresas del sector.

Consideran que las medidas aprobadas tienen un enorme impacto en la estabilidad de un sector que, según defienden, «ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021».

Según ha explicado Aelec, las empresas eléctricas tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses, a unos precios muy inferiores a los del mercado spot.

«Ahora se les va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 euros/MWh, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO2 (ahora en fase de Proyecto de Ley tramitándose en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 euros/MWh», ha criticado la Asociación.

Ante esto, la Asociación ha remarcado que ni las empresas eléctricas se están beneficiando de los precios actuales del pool, ni los ingresos cerrados por las tecnologías hidráulica, nuclear y otra renovable permiten minoraciones de ingresos como los previstos por este Real Decreto-ley y por el Proyecto de Ley de minoración de CO2.

Respecto a la obligación de subastar energía, también recogido en el anunciado Real Decreto-ley, las eléctricas indican que ya se introdujo en 2007, y el resultado fue «una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios». «Ya pudimos comprobar que esta medida no sirve para bajar los precios ni beneficia a los consumidores de ninguna forma», han recordado.

SOLUCIONES SOBRE LA TARIFA REGULADA

En opinión de la Asociación, la solución pasa, por una reforma de la tarifa regulada que evite -como sucede en países europeos de nuestro entorno- el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado.

El otro ámbito de actuación para reducir el precio de la luz deber ir orientado a limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución transporte y acometer una reforma fiscal que alivie la presión a la que está sometida el recibo de la luz con altos impuestos.

EL GOBIERNO RESPONDE

El Ministerio de Transición Ecológica ha puntualizado, ante el rechazo de la industria nuclear al proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, que esto no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando firmaron el protocolo de cierre de las centrales nucleares.

En este sentido, explica que la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron en marzo de 2019 dicho protocolo.

«Por lo tanto no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron. Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada», según indican a Europa Press en fuentes del departamento que encabeza Teresa Ribera.

Además, recuerdan que el proyecto de Ley se ha tramitado «con todas las garantías» y ha recibido el informe positivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del Consejo de Estado «y es conforme a derecho nacional y europeo».

Además, desde Transición Ecológica indican que el sistema coincide con un mecanismo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya avaló.

El mecanismo de minoración replica el sistema implantado entre 2007 y 2009 en virtud de los reales decretos 3/2006 y 11/2007, que fue validado por el TJUE. Además, se han aumentado las garantías al incorporar las recomendaciones de la CNMC y el Consejo de Estado.

En cuanto al cierre de las centrales nucleares, Transición Ecológica deja claro que tiene que aprobarlo el operador del sistema, Red Eléctrica, considerando criterios de seguridad del sistema.

El Foro de la Industria Nuclear Española ha expresado este martes su rechazo al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y al Real Decreto-Ley aprobado en el Consejo de Ministros este martes para reducir el precio de la luz, y ha asegurado que su aplicación podría derivar «en el cese de la actividad de todo el parque nuclear».

Las nucleares sostienen, en un comunicado, que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y piden que, en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reclamado este martes a las centrales nucleares que no reaccionen «en caliente» a las medidas del Ejecutivo para bajar el precio de la luz y les ha pedido «prudencia» porque la rentabilidad «está asegurada».

Así se ha expresado la vicepresidenta Ribera en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, tras conocer que el Foro de la Industria Nuclear rechaza estas medidas y que su presidente, Ignacio Araluce, ha dicho que puede provocar «un cierre desordenado de la generación nuclear» y «la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial».

La ministra ha señalado que las nucleares tienen «una primera reacción que merece todavía unos días para hacer un análisis mas detallado de los números» y les ha reclamado «una reflexión de contexto» y no «una reacción en caliente» porque hay que tener «prudencia».

«Están intentando defender sus posiciones, no se corresponde con la realidad», ha señalado Ribera, al tiempo que ha incidido en que la rentabilidad está «asegurada» con las nuevas medidas. «Prefieren que no haya medidas que aminoren su beneficios, pero tienen que hacer un análisis detallado del decreto ley. Hay que ser prudentes», ha insistido.

Preguntada por si las centrales nucleares puede cerrar de manera unilateral, la vicepresidenta ha explicado que en el sistema eléctrico hay «algo muy importante» que es «la seguridad del suministro», que se debe garantizar para que, en un «momento pico de demanda», se cuente «con capacidad de generar electricidad».

Así, ha recordado que Red Eléctrica, «como operador del sistema», debe determinar «si es posible o no cerrar cualquier central nuclear». La ministra ha subrayado que se trata de un «sector regulado» que debe garantizar «la seguridad del suministro». «Es muy probable que Red Eléctrica considere que el funcionamiento de las nucleares es fundamental para la garantía del suministro», ha defendido.