Las grandes eléctricas han perdido casi 3.670 millones de euros este lunes en Bolsa ante la amenaza del Gobierno de recortar la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005.

En concreto, Endesa, Iberdrola y Acciona fueron las empresas más castigadas en el Ibex 35 por el anuncio de esta medida, que prevé llevar este martes en forma de anteproyecto de ley el Ministerio de Transición Ecológica al Consejo de Ministros.

Los títulos del grupo dirigido por José Bogas, que es el primer operador de energía nuclear en España, fueron los más penalizados del selectivo español en la sesión, con una caída del 5,71%, para cerrar en los 22,3 euros y dejarse casi 1.430 millones de euros de capitalización.

Por su parte, Iberdrola, con importantes activos en hidráulica y en nuclear, se dejó al final de la sesión un 2,74%, retrocediendo hasta los 10,99 euros y perdiendo casi 1.990 millones de euros de valor.

También sufrió un importante revés Acciona, con un descenso del 2,68% en la jornada bursátil, y cayendo hasta los 138,1 euros por acción, para ver mermada su capitalización en casi 210 millones de euros.

El valor que mejor aguantó dentro del sector el castigo en la sesión fue Naturgy, inmersa en la OPA parcial lanzada sobre ella por el fondo australiano IFM y que, a pesar de su importante negocio eléctrico, es la principal gasista del país, dado que apenas retrocedió un 0,19%, hasta los 21,43 euros.

Los analistas de Banco Sabadell consideraron que, a falta de conocer los detalles y el importe de la minoración de esta parte del CO2, la medida afectaría a aquellas compañías con mayor exposición a centrales nucleares e hidroeléctricas, donde Endesa contaría con un alto
peso en su resultado bruto de explotación (Ebitda) de producción de ambas tecnologías, con en torno al 15% en 2020, frente al 8% en Iberdrola, el 5% Acciona y el 4% Naturgy.

No obstante, la entidad cree que la minoración de esa partida no debería ser muy significativa, dado que las tecnologías de respaldo son necesarias en el actual sistema marginalista de precios y el Gobierno ya se beneficiará y recaudará mucho más con las subastas de emisión ante
la escalada del precio del CO2.

De todas maneras Sabadell estima que la cifra de entre 800 y 1.000 millones de euros que tendría de impacto la medida representa casi el 5% del Ebitda del conjunto de las compañías.

El Gobierno tiene avanzado un mecanismo para atajar la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de energía mediante plantas hidráulicas y nucleares, que se traducirá en una reducción de la factura al consumidor.

Con ello, se abrirá paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos ‘beneficios caídos del cielo’ (windfalls profits) para estas tecnologías del ‘mix’ energético, que estaba incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Según indicaron fuentes gubernamentales, la previsión es que el Consejo de Ministros aborde este martes un anteproyecto de ley en este sentido con el objetivo de reducir la factura de la luz de los consumidores, que ha subido notablemente con el repunte de los CO2, entre otras cosas.

Desde el pasado mes de enero y con la tensión sufrida en el precio de la luz por el paso de Filomena en la segunda semana de ese mes y la ola de frío en la tercera, que llevó a un episodio coyuntural de subidas alcanzando niveles récord, la reforma del mercado eléctrico volvió a convertirse en tema de debate entre los socios de Gobierno.

Concretamente y con este anteproyecto normativo, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas gasistas.

La propuesta respetaría el marco normativo europeo y sería similar al existente entre 2006/2009, con la minoración de una parte del ‘dividendo’ del CO2 a plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado.

IMPACTO DE AL MENOS 1.000 MILLONES

La previsión es que, en función de los precios actuales por la emisión de CO2 de unos 50 euros por tonelada, dicha minoración (en caso de ser total) tendría un impacto de al menos 1.000 millones, que a su vez supondría un abaratamiento de la factura del 4 o 5%.

No obstante y en un escenario de un coste de 100 euros por tonelada de CO2, se alcanzarían los 2.100 millones, aunque esos niveles se consideran improbables.

La eliminación de estos ‘beneficios caídos del cielo’ repercutirá, según estas fuentes, a los consumidores particulares y a las pequeñas y medianas empresas.

Además, supondrá un incentivo para que las compañías del sector «desplacen» su «tejido productivo» hacia las renovables e ir dejando atrás las tecnologías vinculadas a combustibles fósiles.

A su vez, la intención es que el 10% de esa cantidad que se minorará de los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ irá a parar a un mejorado bono social que ayudará a unos 300.000 consumidores vulnerables.

Las citadas fuentes gubernamentales señalaron que se ha optado por este mecanismo, que «jurídicamente está muy armado», tras llegar al convencimiento de que el actual momento requería «avanzar en medidas de alto fondo» en el sector eléctrico.

Además, dicha reforma para atajar los ‘beneficios caídos del cielo’ se aborda el mismo día en que entra en vigor la nueva factura eléctrica, que incentivará un consumo más eficiente por parte de los consumidores, buscando que el importe del recibo final dependa más de cuándo que de cuánto se consume, con el traslado de los consumos a las denominadas horas ‘valle’.