Las empresas que quieran licitar tendrán que ‘pagar a tiempo’

El Gobierno aprobará mañana el Real Decreto que obliga a las compañías a declarar sus plazos de pago a proveedores

A partir de mañana las empresas que paguen a sus proveedores en tiempo y forma tendrán más opciones de conseguir ser adjudicatarias de un concurso público. Fuentes conocedoras de los trámites ha confirmado a Diario Financiero que «el Gobierno aprobará mañana, por Real Decreto, una modificación a la Ley de Contratación pública que incluirá que el periodo medio de pago a proveedores será criterio de valoración para las adjudicatarias».

Con ello se pone freno a la morosidad en cadena y se da respuesta a una de las reivindicaciones que se vienen produciendo desde el colectivo de autónomos y pequeñas empresas, que son las que más padecen este tipo de situaciones.

La información se conoce el mismo día en el que el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado a conocer el informe sobre el Periodo medio de pago (PMP) a proveedores de comunidades autónomas y corporaciones locales del mes de junio, que ha cerrado con el mejor dato de la serie histórica. Así las Comunidades Autónomas redujeron en 4,24 días sus PMP, rebajándolos hasta los 40,96 de exceso sobre los 30 que establece la Ley (45,20 en mayo).

Esta mejora está directamente relacionada con las transferencias de los Fondos de Financiación a las Comunidades Autónomas, que hasta agosto supusieron 23.601,22 millones y de los que se han abonado 7.785,4 millones a proveedores.

Además de los plazos, la deuda no financiera también se ha visto mermada en 5.500 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que en términos porcentuales significa un 25 por ciento respecto a finales de 2014.

Sorprende, por contra, el incremento de casi 5 días que se ha producido en el caso de los Ayuntamiento y Entidades Locales, que ha pasado de los 31,06 de exceso sobre periodo legal del mes de mayo a los 35,86 de junio. Circunstancia que tendría que ver con los cambios de Gobierno que se han producido por las elecciones municipales y autonómicas del mes de junio, de hecho las ciudades más incumplidoras han sido Sevilla, Las Palmas, Valencia y Murcia.