Las diez mayores compañías energéticas de Europa integradas en el grupo Magritte han reclamado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que adopten medidas «inmediatas» y «drásticas» para garantizar el futuro energético del continente.

Las grandes eléctricas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel, Cez Group, ENI, E.ON, GasTerra, GDF Suez, OMV y RWE) señalaron en una nota de prensa que reiterarán, a través de nueve recomendaciones, la necesidad de adoptar decisiones «ambiciosas pero realistas y oportunas», en la cumbre europea de este jueves y viernes.

En mayo del año pasado, los responsables de estas compañías alertaron sobre el estado «crítico» del sector energético europeo al manifestar que las políticas europeas y nacionales actuales estaban «amenazando» la seguridad del suministro, aumentando las emisiones de CO2 y desincentivando las inversiones.

Además, contribuían a «elevar el coste de las facturas para los ciudadanos y la industria», por lo que consideran que la solución debe venir a través de una política energética europea «más armonizada, más interconexiones, mayor competitividad, y claridad y estabilidad regulatorias».

Recomendaciones

Con el objetivo de facilitar la adopción de medidas para facilitar que los ciudadanos cuenten con un acceso a «energía limpia y segura a un precio competitivo», los consejeros delegados de las eléctricas han presentado a la cumbre europea nueve recomendaciones.

Entre ellas se incluyen medidas para conseguir precios más competitivos y plantean la necesidad de fijar un solo objetivo de reducción de CO2, recuperar el mercado europeo de emisiones y establecer mecanismos de pagos por capacidad para asegurar el suministro.

Además, proponen incorporar las tecnologías renovables más maduras al mercado con una reducción paulatina de las subvenciones y estimular la producción nacional de gas.

Las eléctricas instan a los Estados miembros a eliminar de las facturas de gas y electricidad «todas las cargas que no reflejen los costes de producción, transmisión y distribución», y a que reconozcan que los altos precios de comercialización «son resultado de tasas y gravámenes adicionales de carácter nacional», y de otros costes de política social y medioambiental.

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