Las insolvencias empresariales en España aumentaron un 71% durante el primer semestre del año, siendo la primera vez, desde 2014, que se registra un número tan alto en declaración de concursos de acreedores en España, según el informe trimestral de insolvencias elaborado por Solunion, compañía de seguros de crédito, caución y servicios asociados a la gestión del riesgo comercial.
El incremento en el número de concursos declarados comenzó a ser notable a partir del segundo semestre de 2020. Partiendo de un escenario macroeconómico base, incluyendo la extensión de las políticas de apoyo fiscal hasta fin de año y la prórroga de la no obligatoriedad de presentar concurso nuevamente hasta 31 de diciembre 2021, se prevé que las insolvencias empresariales se moderen en el segundo semestre, cerrando 2021 con un crecimiento medio del 30%, según el informe.
El sector que más concursos declara es servicios (36,5%), seguido por construcción (26,7%), ‘retail’ (9,8%) y el sector agroalimentario. Solo estos cuatro sectores reúnen ocho de cada diez empresas del país. En consecuencia, esta concentración se ve reflejada también en el número de concursos de acreedores, y la suma de las insolvencias de estos cuatro sectores supera el 70% del cómputo global declarado en 2020.
Asimismo, las previsiones del informe indican una continuidad del crecimiento de las insolvencias en España en los sectores penalizados por la pandemia, principalmente, servicios (69,5%) y comercio minorista (12,9%). También se estiman subidas relevantes de las insolvencias en sectores que tardarán más en recuperar los niveles de actividad prepandemia como textil (37%), automoción (37%) y papel (15,9%).
Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma que ha declarado mayor número de insolvencias, con un 44%; seguida por Madrid, con un 31%; y Valencia, 25%.
Sin embargo, según el informe si se realiza un análisis de la frecuencia concursal, Valencia lidera el ranking con 3,2 concursos por cada 1.000 empresas, lejos del siguiente grupo (Cataluña, País Vasco y Madrid), cuya frecuencia se sitúa entre 2,5 y 2,7 por cada 1.000 empresas, igualmente superior al promedio nacional (2,1 empresas por cada 1000).
Por el contrario, Andalucía, a pesar de concentrar casi el 14% de las empresas activas y ser la cuarta región generadora de concursos, el uso del procedimiento judicial y del concurso de acreedores es extremadamente bajo (1,3 de cada 1.000 empresas).
