Las organizaciones, miembros del Consejo Nacional del Clima y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, indicaron en un comunicado conjunto que prefieren que todos los automóviles nuevos que se vendan a partir de 2028 sean eléctricos en vez de 2040, que es la fecha propuesta por el Gobierno.

Esta sugerencia está incluida en el apartado de “aspectos poco ambiciosos” del texto del Gobierno, que los ecologistas califican con luces y sombras porque destacan que va “en la dirección correcta”, pero echan en falta “ambición para llegar más lejos y más rápido”.

Las ONG felicitaron al Gobierno por la necesidad de actuar “con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático” y garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC respecto a los niveles preindustirales, tal y como recomiendan los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

“En una valoración global, la propuesta de ley contiene grandes avances en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética, aunque no son suficientes, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos. En especial, el objetivo de reducir las emisiones solo un 20% en 2030 respecto a 1990 es claramente insuficiente, así como la falta de un calendario para el cierre de las centrales de carbón y nucleares”, apuntaron.

ENERGÍA 100% RENOVABLE

Para las cinco organizaciones, el borrador incluye “aspectos poco ambiciosos” y proponen prohibir la venta de nuevos automóviles de combustión fósil para 2028 en lugar de 2040 y más ambición en los objetivos de rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones netas cero en 2040 en lugar de la reducción del 90% para 2050 propuesta por el Gobierno).

Que todo el sistema energético sea 100% renovable en 2040 (no sólo el eléctrico) y que la demanda de energía se reduzcan en un 55% en los próximos 25 o 30 años respecto a 2007 (en lugar del 35% en relación a 2005) son otras peticiones.

Por otro lado, los ecologistas ven “carencias principales” en el texto, por lo que recomiendan un calendario de cierre programado de las centrales de carbón y nucleares para antes de 2025, la prohibición de que las mismas grandes empresas sean propietarias tanto de centrales de generación como redes de distribución eléctrica y una tasa sobre las emisiones de CO2 y otras medidas específicas de ‘ecofiscalidad’.

En cuanto a los “aspectos positivos” del borrador, destacan los objetivos de descarbonización y transición energética a medio y largo plazo, el objetivo de un sistema eléctrico 100% renovable, la prohibición del uso de combustibles fósiles para los vehículos y de nuevas prospecciones de hidrocarburos y del ‘fracking’, la prioridad de acceso a las redes para las energías renovables y a retirada de las nuevas inversiones del Gobierno que favorezcan los combustibles fósiles, así como la desinversión de los activos existentes.

La implicación del Banco de España, las instituciones financieras y las empresas cotizadas en la identificación y reducción de riesgos del cambio climático para la economía; impulsar el cumplimiento de los objetivos de la ley mediante la contratación pública, las propuestas para la movilidad sin emisiones y la rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética son otros aspectos positivos para los ecologistas.