La Comisión Europea considera necesario que España adopte antes de finales de 2014 una reforma fiscal «completa», que «simplifique» el sistema impositivo y haga que contribuya al crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente y la estabilidad de la recaudación.

Por ello, recomienda trasladar la imposición hacia tributos «menos distorsionadores», como los que gravan el consumo o el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles.

Además, apuesta por reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios reducidos. Por otra parte, destaca la necesidad de realizar, antes de febrero de 2015, una reducción «sistemática» del gasto en todos los niveles de la administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público.

En concreto, defiende «seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico«, aunque «preservando al mismo tiempo la accesibilidad para los grupos vulnerables».