La intervención pública en forma de impuestos y prestaciones monetarias y en especie ha reducido en casi un 40% la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España en el período 2013-2017, según un estudio de Fedea.

En concreto, Fedea destaca que la casi totalidad de ese efecto redistributivo se debe a las prestaciones monetarias y en especie, con una participación «muy limitada» de los impuestos.

Esta es la principal conclusión de la quinta edición del observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones de los hogares españoles, elaborado por Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea), Jorge Onrubia (UCM y Fedea) y Carmen Marín (Fedea), que viene mostrando que en los últimos años prestaciones e impuestos reducen la desigualdad en el entorno del 40%.

El grueso de este efecto (casi el 30%) proviene de las prestaciones monetarias, especialmente las pensiones, y sólo un 2% del sistema impositivo. El 8% restante refleja el efecto redistributivo de la sanidad y la educación financiadas con fondos públicos.

En la presente edición, el análisis del impacto redistributivo del sector público se amplía para incorporar las principales prestaciones en especie: la sanidad y la educación financiadas con fondos públicos.

Concretamente, el estudio de Fedea establece que las prestaciones monetarias, singularmente las pensiones, reducen la desigualdad de la renta primaria en torno a un 29% durante todo el período.

Seguidamente, se aplican los impuestos, que añaden aproximadamente un 2% de reducción de la desigualdad, gracias, fundamentalmente, al IRPF, que permite compensar el «carácter regresivo» del resto de impuestos y cotizaciones sociales considerados.

Finalmente, el gasto público en educación y sanidad todavía minora la desigualdad de la renta entre un 8 y un 8,5% adicional, y la de la renta neta (tras impuestos y prestaciones monetarias) entre un 11,6% y un 12,3%, con lo que en total la desigualdad se ve reducida en torno al 40% tanto por las prestaciones, como por los impuestos y el gasto público en sanidad y educación.

Fedea apunta que el efecto redistributivo del gasto sanitario es «sensiblemente superior» al del gasto educativo, ya que este último es menos progresivo y, además, su volumen es más reducido. Dentro del gasto educativo, casi todo el efecto corrector de las desigualdades se debe a la educación no superior, pues el reparto del gasto en educación universitaria y en el ciclo superior de formación profesional es prácticamente proporcional a la renta.