El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley del Mercado de Capitales, cuyo origen de la reforma está en el comité de expertos de la CNMV, presidido por Elvira Rodríguez, una institución que pedía una mayor regulación de los Consejos de Administración y la Junta General de Accionistas.
Esta ley, ha dicho Luís de Guindos, el ministro de Economía, busca dar más importancia a estos dos entes empresariales frente a los órganos gestores. También ha confirmado De Guindos que se van a dar a las empresas instrumentos para «conseguir la presencia de mujeres en los Consejos de Administración y se va a luchar contra la morosidad», según el titular de Economía.
Política de retribuciones
Las remuneraciones en las cotizadas tienen que ser aprobadas por la Junta General de Accionistas, y se va a fijar la cantidad de manera anual sin poder hacer ningún tipo de modificaciones. También ha explicado De Guindos que «cualquier modificación que se haga en política de retribuciones dentro de la empresa debe ser aprobada aprobada también por la Junta». La retribución será competencia de la Junta General y teniendo en cuenta la situación financiera de la compañía
Se han insertado cambios para los Accionistas minoritarios, en este caso, «se va a exigir 1.000 acciones en posesión» para poder ir a las Juntas de Accionistas anuales y poder participar en las decisiones que se aprueban. Así mismo, se amplían las competencias de la Junta General para que de instrucciones de gestión a los órganos gestores.
La duración del cargo como consejero de cotizadas se reduce de 6 a 4 años. Y si es reelegido el Consejo debe aprobar el cargo de nuevo por dos tercios del consejo. Habrá competencias que no se van a poder delegar de ninguna manera si recaen sobre el Consejo de Administración. El Consejo de Admin tiene que evaluar a sus consejeros dominicales de manera anual, teniendo que ser evaluado a través de una asamblea.
Lucha contra la morosidad y los impagos
La morosidad es un problema de las empresas españolas arrastran desde hace tiempo. De hecho, según un estudio las empresas españolas tardan en pagar 17 días, casi dos días más que el resto de la UE, aunque las cifras van mejorando.
En cuanto al «Pago a Proveedores» ha indicado, De Guindos. que las empresas tienen que decir «cuales son los plazos de pago que van a establecer, poniéndolo en su página web». De momento desde el Gobierno descartan poner sanciones si los pagos se retrasan, cree De Guindos que en la práctica los «castigos» son complicados de implementar, a pesar de que en la teoría es más fácil. Las empresas tendrán que poner todo en su web y si no pueden cumplir los plazos que han puesto, tendrán que contar cómo lo van a pagar, qué métodos van a usar para poder cumplir con la ley. Cree De Guindos que esto es un «ejercicio de transparencia».
Es más desde el Gobierno reconocen que no era positivo que las propias Administraciones Públicas fueran las deudoras con las empresas españolas porque esto creaba una situación insostenible. De Guindos ha recordado que el Gobierno hace un año hizo un esfuerzo importante de «30 mil millones de euros para dar liquidez a las Comunidades Autónomas para el pago a proveedores».
