Las tasas, moratorias y alquileres no reglados hacen peligrar la actividad turistica

De continuar así el sector dejará de ingresar 2.250 millones de euros y se paralizará la creación de empleo

El sector turístico ha dado la voz de alarma. Las ultimas decisiones tomadas por parte de algunos Gobiernos autonómicos y municipales están afectando ya de forma negativa al turismo español, especialmente en lo que respecta a los ingresos procedentes de los visitantes internacionales. Una circunstancia que se verá agravada de continuarse con políticas de «moratorias, tasas y normativas laxas y discordantes han puesto al sector en el ojo del huracán», explicaba esta mañana el vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.

Zoreda se refería concretamente a las paradojas que se están dando desde la llegada al poder de las nuevas formaciones políticas, como es el caso de Cataluña. La propuesta de legalizar el alquiler de habitaciones para uso turístico recientemente planteada por la Generalitat de Cataluña se contrapone con la moratoria aprobada por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, por la cual, se han paralizado la concesión de licencias hoteleras durante al menos un año, hasta que se proceda a la revisión de la estrategia. Medidas ambas que el vicepresidente de Exceltur ha calificado de «crípticas, inconexas y contradictorias».

A esta deriva, se añade la polémica que se suscita la posible aplicación de tasas turísticas, una realidad en la Ciudad Condal y sobre la que se está debatiendo en ciudades como Madrid y comunidades autónomas como Baleares. A este respecto Zoreda no ha dudado al señalar de «impuestos puros y duros que se están cargando la actividad turística».

El impacto de este maremagnum de incertidumbres que «afectan a la esencia profunda del sector turístico español» empieza a tener su reflejo en las cifras. El informe Perspectivas turísticas: valoración empresarial del segundo trimestre de 2015 y perspectivas para el trimestre de verano y el conjunto del año, elaborado por Exceltur, Alianza para la excelencia turística, y en el que ser toma como referencia las cifras publicadas por Banco de España, detalla que entre enero y abril de este año, y pese al incremento del  4,4 por ciento en llegadas de turistas extranjeros a España, apenas se generó un 2,6 de crecimiento en volumen de ingresos, lo que en términos interanuales implica una caída del 1,9 por ciento.

El documento recoge, además, una comparativa sobre cuál sería la evolución del sector entre 2015 y 2018 de continuar con el modelo que se ha impuesto en 2015 -intensificación del uso de viviendas de alquiler- frente a un escenario de equidad fiscal -por el que los alojamientos en viviendas en alquiler estarían obligadas a tributar-. Los datos hablan por si solos. De continuar con la estrategia actual el sector perdería 2.250 millones de euros de ingresos y se generarían 39.800 puestos de trabajo menos. Algo que también afectaría directamente a las arcas de Hacienda, que dejaría de ingresar 742 millones de euros.

Es por ello por lo que Zoreda ha recomendado las distintas administraciones públicas «una revisión y un análisis previo antes de tomar decisiones improvisadas y con visión de corto plazo que no sean congruentes con un modelo de crecimiento sostenible y generador de empleo», así como que con carácter «urgente» se de una respuesta «homogénea y a nivel país» que favorezca la consolidación de un modelo turístico en el que «no cabe jugar a ni a precio ni a volumen per se».

No hay contrapartida

La polémica que se se está generando en el sector por la aplicación o no de las tasas turísticas tiene como trasfondo la finalidad a la que se destina el importe recaudado. En la teoría su aplicación debería tener como contrapartida bien el prorrateo de determinados costes o bien desarrollo por parte del sector público de medidas que impulsen la competitividad del sector turístico. Sin embargo «en este caso no hay contrapartida por parte de la Administración» ha sentenciado Zoreda.

En el caso de Barcelona el sector transigió con su implementación dado su carácter finalista que permitía a continuar financiando las actividades de promoción turística, a las que se destinaban el 30 por ciento de la recaudación y al que se sumaba otro 30 por ciento que ingresaba el Ayuntamiento para su reinversión en infraestructuras de mejora.  No obstante este buen hacer está siendo cuestionado por algunas de las nuevas fuerzas políticas que se han incorporado al panorama político mediante interpelaciones en las que se propone que se destinen a «otros fines sociales porque no existe ninguna garantía de su uso finalista.»

A este respecto, Miguel Mirones Presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), en declaraciones a Diario Financiero, se ha manifestado en la misma línea «es delicado castigar al turismo con tasas e impuestos que pueden suponer tirar por tierra la competitividad del sector».  Mirones ha alegado que «se debe matizar entre tasas e impuestos»  y que cualquier medida que afecte al sector «necesita acompañarse de una memoria económica y de un análisis jurídico y a partir de ahí iniciar un debate en el que, con la participación del sector, la finalidad quede claramente definida.»

En el caso de Madrid y con el objetivo de arrojar luz sobre el vaivén de dichos y desdichos entre el Concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la Alcaldesa Manuela Carmena, Diario Financiero ha contactado con el Consistorio capitalino, desde donde afirman que «si bien no es primordial ni sensato aplicar esta tasa todo está sujeto a un análisis». De hecho aunque «en 2015 no se aplicará la tasa», para 2016 se deja la puerta abierta a unos presupuestos que se están elaborando y aunque «por el momento no se recoge» habrá que esperar a septiembre, mes en el que se tiene previsto presentarlos.

Sea como fuere lo cierto es que la inseguridad jurídica y las incertidumbres están paralizando al sector «nos han llegado consultas desde el extranjero preguntándonos si es que se va a dejar de impulsar el turismo en España», ha afirmado Zoreda, que aunque insiste en que desde Exceltur no tienen constancia del frenazo, las medidas que se están adoptando tienen un «marcado efecto disuasorio».