La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) criticó hoy con dureza al Gobierno por el impuesto sobre terminados servicios digitales que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, conocido como ‘tasa Google’.
La patronal que preside Pedro Mier señaló en un comunicado que este gravamen del 3% de los ingresos para las compañías digitales con una facturación global de 750 millones de euros (al menos tres millones en España) “repercutirá negativamente en la competitividad de España, desincentivando la atracción de inversiones a nuestro país y reduciendo el crecimiento económico, y supondrá un impuesto a la exportación para las pymes españolas”.
Ametic reprocha al Ejecutivo que haya aprobado este impuesto “sin que exista consenso a nivel internacional, ni tampoco en el seno de la propia Unión Europea, donde el debate está abierto”. “Esta acción convierte a España en el primer país en poner en práctica un impuesto de este tipo, situando a las empresas españolas en desventaja competitiva respecto al resto de países”, se queja la asociación.
La patronal tecnológica, de la que forman multinacionales como Samsung, Google o Microsoft, denuncia que el impuesto “rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos, y genera problemas de doble tributación”.
“Esta situación sitúa en desventaja competitiva a las empresas españolas frente al resto de Europa y del mundo, ya que se trata en la práctica de un impuesto a la exportación”, señala la nota, que advierte de que otras consecuencias negativas serán los menores niveles de digitalización o el aumento del coste del capital, de forma que “se desincentivará la atracción de inversiones y supondrá un freno a la innovación”. Todo ello, en su opinión, implicará la disminución del crecimiento económico y de la posición digital de España, frente al resto de países europeos.
La ‘tasa Google’ gravará a los gigantes digitales por servicios de publicidad e intermediación ‘online’ y la venta de datos de usuarios. La Comisión Europea ha calculado que con este impuesto se podrían recaudar unos 5.000 millones de euros en la UE, pero el Gobierno de Pedro Sánchez proyecta obtener solo en España unos 1.200 millones.