El endeudamiento total del sector universitario público español asciende a un total de 620,1 millones de euros, según se desprende del informe del Tribunal de Cuentas, aprobado recientemente, sobre la Fiscalización de estos centros en 2012, realizado a instancia de las Cortes Generales. El antecedente de este informe es el correspondiente al ejercicio 2003 y tiene por objeto el análisis de la gestión económico-financiera de las universidades.

El documento constata que la evolución agregada de las cuentas del resultado económico-patrimonial del conjunto de las universidades públicas se sitúa en 2011 como un punto de inflexión, en el que si bien en ejercicios anteriores el ahorro logrado se mostraba decreciente, pero positivo, en éste y en 2012 se vuelven «claramente negativos».

Este trabajo también destaca que el conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones en 2012 por un importe de 9.219 millones de euros, y derechos por 9.278 millones. Asimismo, indica que el total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios.

Además, resalta que los gastos más relevantes han sido los de personal, que han supuesto en las universidades públicas presenciales el 61% del total de obligaciones reconocidas, mientras que por el lado de los ingresos, se constata el «importante peso específico» de la financiación pública a través de subvenciones y de transferencias, que representan en los centros públicos presenciales el 77% de los derechos reconocidos.

Exceso de oferta

Este informe sobre la situación de las universidades públicas de 2012 incorpora un estudio sobre la actividad investigadora, actividad docente, financiación, debiendo destacar el exceso de plazas ofertadas, especialmente significativo en las titulaciones de máster.

Los alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el curso 2012-2013 en las 47 públicas presenciales, de acuerdo con los datos suministrados, ascienden a un total de 1,1 millones, con una evolución positiva del 5% en los cinco últimos cursos analizados.

Del examen de los créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo correspondientes al curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas aprecia en muchas de las ramas una carga docente inferior de media a los 24 créditos anuales, poniendo de manifiesto un «cierto sobredimensionamiento» del profesorado en relación con el número de alumnos existentes en esas ramas.

En relación con los costes resalta que ninguna de las universidades fiscalizadas había implantado un sistema de contabilidad analítica en el ejercicio 2012.

El Tribunal de Cuentas apunta, a su vez, que las comunidades autónomas con mayor peso específico en el sistema universitario público español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia, ya que todas ellas superan los 100.000 alumnos matriculados, y también destacan por su capacidad organizativa al contar con el mayor número de centros.

Reducción en excedentes de Tesorería

El informe destaca también la reducción paulatina de los excedentes de tesorería mantenidos en entidades de crédito, junto con las inversiones financieras temporales en que se han materializado picos de tesorería, con decrecimientos en el periodo cercanos al 50%.

Por otro lado, subraya la necesidad de reforzar el control interno de las universidades y de ejercer un mayor control sobre las entidades dependientes o vinculadas a las mismas, al mismo tiempo que se recogen «determinadas deficiencias» en relación con aspectos contables y presupuestarios, como los relativos al remanente de tesorería, y se constata la falta de implantación de un sistema de contabilidad de costes, obligatorio legalmente a partir del curso 2015-2016.

Además, indica que los gastos totales por retribuciones de las universidades públicas presenciales se han incrementado entre 2008 y 2012 en un 9,94%, si bien debe destacarse que el aumento sería mucho mayor si se tiene en cuenta que en 2012 se produjo una disminución respecto al año anterior, como consecuencia básicamente de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de los empleados públicos.

Sin embargo, advierte de que, si bien el decreto de mayo de 2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público vino a establecer la reducción del conjunto de las retribuciones de todo el sector público del 5%, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010, con efectos de 1 de junio de 2010, ello no tuvo por efecto una disminución de los gastos de personal en los años 2010 y 2011 en su conjunto.

Por el contrario, dice que se produjeron incrementos, lo que está relacionado con el aumento de efectivos que se produjo en 2010. «Esta situación supuso un incumplimiento del objetivo de las reducciones previstas en la normativa dictada al efecto», apostilla.

Necesaria una simplificación

Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda a las universidades públicas la necesidad de realizar «los cambios normativos precisos» dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control.

Igualmente, plantea analizar la creación en las universidades públicas de la figura del ‘interventor’ con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura, además de estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, a fin de proceder a una delimitación clara del sector público autonómico.

El Tribunal ve conveniente asimismo regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias, haciendo coincidente el procedimiento final de aprobación de sus presupuestos con los de cada comunidad autónoma.

Por último considera «deseable» que, en la actualización de la normativa que desarrolla el régimen de dedicación de los cuerpos docentes universitarios, se tenga en cuenta que la excelencia aplicable a la investigación no se realice en detrimento de la excelencia docente, y que se proceda «sin dilación» a la implantación de un modelo de contabilidad analítica que asegure la homogeneidad en su aplicación a todas las universidades públicas.

Del conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, que conforman el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 2012-2013 y que alcanza un total de 79 universidades, se han fiscalizado 51: 47 Universidades Públicas (UP) de carácter presencial, universidades no presenciales –Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Oberta de Cataluña (UOC)–, y universidades especiales como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

EUROPA PRESS