Los términos legales de la aplicación Uber, que permite a usuarios particulares compartir vehículos y por la que protestan los taxistas al considerar que supone una competencia deslegal, establecen que es responsabilidad de sus usuarios cumplir las leyes del país, el estado o la ciudad donde se están utilizando sus servicios. Además, estos términos legales, según ha podido constatar Servimedia, establecen también que el uso de la aplicación no puede tener propósito comercial y se debe restringir al ámbito personal.

Los taxistas y el Ministerio de Fomento

Los taxistas de Madrid y Barcelona han convocado mañana miércoles huelgas en estas dos ciudades en protesta por la falta de control en España de esta aplicación, que cuenta entre sus inversores con Goldman Sachs. El Ministerio de Fomento ha recordado recientemente, mediante una nota de prensa, que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados.

Fomento explica que esta autorización tiene por objeto asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne unas condiciones de seguridad y calidad adecuadas.

Las personas que hagan el servicio y los usuarios se enfrentan a multas

Así, las personas o empresas que realicen esos servicios con sus vehículos careciendo de la preceptiva autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. Por su parte, aquellos usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 401 a 600 euros.

Igualmente, quienes contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios careciendo de autorización, incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar también hasta los 18.000 euros.

Fomento explica también que quienes oferten la prestación de esos servicios sin disponer de autorización, tanto si dirigen su oferta de forma individual a un único destinatario como si la hacen pública para conocimiento general a través de cualquier medio, incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 801 a 1.000 euros.

Servimedia

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