Lesmes se pronunció de esta forma en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, que se celebró en el Supremo bajo la presidencia del Rey. En su intervención, el presidente del CGPJ se refirió al hecho de que esta institución lleve en funciones desde diciembre de 2018 y que la renovación no parezca cercana, dada la falta de acuerdo al respecto entre PSOE y PP. Asimismo, Lesmes aludió indirectamente a que jueces progresistas hayan pedido que el Consejo deje de hacer nombramientos hasta que los partidos renueven a sus vocales.

En este sentido, señaló que el retraso en la renovación es una «seria anomalía», ya que “es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo”. Por este motivo, al igual que hizo el año pasado, dijo que se veía “en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”.

FUNCIONES “RELEVANTES”

No obstante, Lesmes añadió que “conviene recordar también que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”.

El presidente del CGPJ señaló que estas funciones “son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”.

Lesmes volvió a referirse a la renovación del Consejo al terminar su intervención, cuando dio las gracias a funcionarios y jueces, ya que esperaba que el de este año fuera “definitivamente” su “último discurso” de apertura del Año Judicial.

PANDEMIA Y “CLARIDAD NORMATIVA”

Por otra parte, el presidente del Consejo se refirió a las distintas consecuencias de la pandemia del coronavirus y, en concreto, a las decisiones que han tomado los jueces tanto durante el estado de alarma como después, en que han confirmado o revocado decisiones tomadas por las administraciones.

A este respecto, Lesmes señaló que, en este proceso de validar o anular medidas contra el Covid-19, se ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa respecto de la posible adopción de medidas tan restrictivas de la libertad, así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria”.

“Si tal claridad normativa siempre es deseable”, indicó, “hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos”.

Además, se refirió a que la crisis causada por el coronavirus puede ser “el detonante también para un cambio en la Administración de Justicia, hoy ineficientemente organizada, con procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada pero nunca terminada”.