México tiene este domingo una cita con las urnas: más de 92 millones de personas están llamadas a votar para respaldar o revocar el mandatario del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en un proceso que se ha visto precedido por meses de polémicas y disputas.

Se trata de un ejercicio inédito en el país que sigue generando dudas, especialmente en caso de que López Obrador se lleve un batacazo. No obstante, todo apunta a que el presidente, que goza de un alto nivel de aceptación, ha logrado resistir al desgaste y obtendrá la validación que le permitirá permanecer en el cargo hasta 2024.

Son muchos los que ya han puntualizado que en caso de perder la consulta, será Sergio Gutiérrez Luna quien ocupe el cargo de forma provisional, tal y como establece la Constitución mexicana, que señala que en caso de revocación deberá ser el presidente de la Cámara de Diputados quien dé un paso al frente. Pasados treinta días, será el propio Congreso el que nombre a un sucesor que finalice el mandato.

Así, el artículo 60 de la Ley Federal de Revocación de Mandato sostiene que López Obrador dejaría de ser el presidente de México desde que el Tribunal Electoral emita su declaración, siempre y cuando la población opte por la vía de la revocación.

Para ello deben participar en el proceso, que ha contado con el apoyo de las autoridades, al menos un 40 por ciento de las personas registradas en el censo electoral. La oposición, por su parte, se ha mostrado contraria a sacar la consulta adelante por considerar que viola las leyes electorales, y sigue recalcado que se trata de la «manipulación de un instrumento creado para destituir a dirigentes corruptos».

El propio presidente ha impulsado la medida, que le permitiría demostrar su carisma y popularidad, incluso cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) se mostraba contrario. Asimismo ha aludido en varias ocasiones a problemas presupuestarios para bloquear su celebración y ha insistido en que es el pueblo «quien pone y quien quita». «Me voy a someter a la revocación y el pueblo va a decidir si quiere que continúe o que renuncie», subraya.

Además, dice que escribirá ‘Viva Emiliano Zapata’ en su papeleta, en recuerdo del aniversario de la muerte del revolucionario mexicano. «No puedo votar por una cosa ni por la otra. Pero sí tengo que ir a votar. Un demócrata tiene que participar siempre, cuando se trata de tomar decisiones», explica.

Es por ello que considera que se trata de una cita fundamental para los mexicanos, que podrán participar en un ejercicio democrático sobre el futuro del país. «¿Por qué es importante esto? Para que el pueblo siempre, repito, tenga en sus manos el poder y que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala», insiste.

El Tribunal Supremo dio a finales de 2021 la razón a López Obrador y ordenó seguir con los preparativos del referéndum con el presupuesto aprobado a pesar de las críticas que alertaban de que un ejercicio de remoción se «estaba transformando en un acto de ratificación», lo que podría llevar a una pérdida del verdadero significado y objetivo de la consulta.

LA POLÉMICA DE LA CONSULTA

La disputa sobre la revocación del mandato del presidente gira en torno al INE y las autoridades del país. Esta relación se remonta, en gran medida, a la creación del propio instituto y a una normativa que impide que sean los partidos políticos los que soliciten el propio referéndum.

La legislación aprobada en septiembre de 2021 impide a los funcionarios difundir mensajes para pedir el voto a favor o en contra de la revocación, e incluso solicitar su convocatoria, lo que ha llevado a las autoridades electorales a emitir medidas cautelares contra altos cargos del Gobierno y dirigentes del partido gubernamental Morena por hacer llamamientos a favor de la realización de la consulta.

Las tensiones se remontan así a los preparativos para el proceso: desde el Gobierno acusan al INE de boicotear la consulta, mientras que algunos miembros del organismo acusan a Morena de «violar su legalidad». Previamente, el INE había alegado carecer de los presupuestos necesarios, mientras que el Gobierno y el Congreso rechazaban sacar adelante ampliaciones presupuestarias.

Mientras algunos consejeros abogaban por detener el proceso, diputados de Morena solicitaron someterlos a juicio por «atentar» presuntamente contra los derechos de los mexicanos. Finalmente, el Supremo decidió no ampliar la partida presupuestaria para la consulta pero justificó la reducción de centros de votación para el desarrollo del referéndum.

LOS SONDEOS

Aunque el apoyo de la ciudadanía a López Obrador ha ido fluctuando a lo largo de los meses, el porcentaje de población a favor de revocarle el mandato sigue girando alrededor del 30 por ciento. En este sentido, la mayoría de las encuestas dan al líder de Morena un apoyo de más del 50 por ciento, lo que le permitiría permanecer en el cargo.

El principal escollo con el que podría toparse la consulta, no obstante, es la falta de participación. Los sondeos muestran que cerca del 27 por ciento de la población acudirá a la cita, si bien el mínimo necesario para que el resultado sea vinculante es un 40 por ciento.

Por otro lado, son cerca del 52 por ciento de los que consideran que la consulta ni siquiera es necesaria, frente a un 42 por ciento que apoya su realización.

Con los datos sobre la mesa, los defensores de la celebración de la consulta, como la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inciden en que se trata de un «ejercicio democrático en servicio del pueblo» mientras las voces disientes apuntan a un nuevo movimiento para provocar una «mayor polarización» y reafirmar la imagen del mandatario.

De esta forma, son precisamente los partidarios de que López Obrador permanezca en el cargo los que han apoyado la realización de la consulta, que en caso de que se resuelva con el ‘sí’ a la revocación podría colocar a México en un escenario de inestabilidad política en busca de consensos para elegir a un nuevo presidente.