En una entrevista con Servimedia, Alonso valoró este martes así que la Fiscalía se haya posicionado en contra de que el Tribunal Supremo admita a trámite diversas denuncias que se han presentado contra la gestión del Gabinete de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus.

El responsable de los abogados madrileños dijo al respecto que no conoce las “razones” jurídicas que han llevado a la acusación pública a fijar esta postura, aunque opinó que es “difícil” que en la gestión de la pandemia se pueda hablar de “situación delictiva”. Sin embargo, indicó que sí ha podido darse “en muchos casos” una “responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por un defectuoso funcionamiento de los servicios”.

Puso como ejemplo al respecto que los abogados vivieron un problema de este tipo al iniciarse a crisis sanitaria, debido a que no había “kits de protección” para evitar que los letrados contrajeran el virus en las vistas y sesiones de los juzgados.

LETRADOS SIN PROTECCIÓN

Explicó que este riesgo lo pasaron de forma concreta los letrados del turno de oficio, que tenían que ir a defender a sus clientes “sin ningún tipo de protección”, lo que hizo que en el Colegio de Abogados de Madrid se volvieran “locos” hasta que consiguieron el material que impidiera a estos profesionales contraer el Covid-19.

Añadió que fueron “de extraordinaria ayuda” para los letrados la colaboración que en este terreno les prestaron la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el sentido de que colaboraron con los integrantes de la abogacía para evitar que se contagiaran.

Asimismo, sostuvo que esta falta de protección de los abogados fue “una situación inadmisible”, pero que, a su juicio, estamos más ante “una especie de responsabilidad por el mal funcionamiento de la Administración del Estado que ante una situación delictiva”.