El Consejo de Ministros aprobó esta mañana la reforma por la que las asociaciones sindicales y empresariales no podrán participar en la gestión ni impartición de los cursos de formación profesional. La medida se toma para frenar el avance de los fraudes fiscales que se producen en estas asociaciones, como ha pasado en Andalucía.

A partir de ahora, la gestión e impartición de estos cursos estarán en manos de entidades privadas especializadas en impartir cursos de formación. Durante la rueda de prensa en la que se dieron a conocer las reformas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó que esta es una “reforma clave” y “de las más importantes de la legislatura”.

Según la vicepresidenta, la reforma tiene un doble objetivo: por un lado mejorar la transparencia de sistema y poder luchar contra los fraudes por corrupción y, por otro, dotar de “nuevos mecanismos para mejorar la formación y acceso al empleo”

Yasmina Pena Faria