La Unión Europea ha impuesto definitivamente desde este miércoles, 30 de octubre, los aranceles al coche eléctrico chino que introdujo provisionalmente el pasado julio por un periodo de cinco años tras constatar el perjuicio para la industria europea de las subvenciones ilegales de Pekín a sus productores.

«El objetivo es lograr una competencia leal y la igualdad de condiciones, y este principio ha guiado nuestra actuación», defendieron este martes fuentes comunitarias, que aseguran que se ha tomado esta medida «para compensar las subvenciones concedidas a los productores» chinos, aunque la UE espera que el comercio «siga fluyendo, pero a un nivel justo». «Creemos que estos aranceles repercutirán positivamente en nuestra industria para facilitar la transición ecológica», agregaron.

Bruselas dio el primer paso en verano para aplicar un gravamen de hasta el 35,3% sobre los vehículos chinos de batería eléctrica para compensar las ayudas ilegales de Pekín que permitían a los fabricantes del gigante asiático producir a precios mucho más bajos que sus rivales europeos.

Ahora que ha culminado el proceso formal, las nuevas tarifas que se suman al 10% que ya aplica la UE a las importaciones de coches y, por tanto, elevarán los aranceles hasta a un 45,3% para algunos de los fabricantes, entrarán en vigor este miércoles, tras la publicación la víspera en el Diario Oficial de la UE (DOUE), aunque inicialmente se preveía su aplicación desde el jueves.

En concreto, la propuesta definitiva revisa ligeramente algunos de los porcentajes que se impondrán con SAIC –el mayor fabricante del país– y los productores que no han cooperado afrontando un gravamen del 35,3% (frente al 36,6% inicial).

Le siguen Geely con un 18,8%, BYD con un 17% y Tesla con un 7,8% (frente al 9% inicialmente estimado); además se impondrá un 20,7% al resto de empresas que hayan cooperado en la investigación.

En todo caso, Bruselas insiste en que el diálogo técnico sigue abierto sobre los compromisos en materia de precios con las autoridades chinas para buscar una solución «alternativa» y fuentes comunitarias explicaron que si se llega a un acuerdo los aranceles se podrán suspender con aquellos productores que asuman las condiciones acordadas.

De manera general, el gravamen tiene una aplicación de cinco años aunque podrá suspenderse en caso de acuerdo, por lo que, al respecto, las mismas fuentes señalan que el «impacto final de los aranceles dependerá de las autoridades chinas».