Reacciones a la nueva Ley de Vivienda

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Los Arquitectos Técnicos ven una «oportunidad única» para la rehabilitación

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (Cgate) considera que los reales decretos que regulan los programas de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social representan una «oportunidad única» para la mejora de los inmuebles y su adaptación energética.

El Gobierno destinará 4.420 millones de euros en ayudas para estos fines, con cargo a los fondos europeos. Estas subvenciones permitirán a los ciudadanos «mejorar de forma ostensible sus viviendas por una inversión mínima», según apunta el presidente del Cgate, Alfredo Sanz.

Sanz estima que, entre 2021 y 2030, se rehabilitarán energéticamente unos 1,2 millones de viviendas, con unas 300.000 intervenciones anuales. También ha insistido en la necesidad de introducir mejoras energéticas en los edificios residenciales, a los que se ha referido como «máquinas productoras de C02».

Los datos del último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que más de la mitad de los inmuebles de España fueron construidos antes de 1980, antes de la entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. En total, unos 5,5 millones de edificios y unos 9,7 millones de viviendas se construyeron antes la aplicación de esa ley.

Eso hace que más del 81% de los edificios españoles tengan una calificación E, F o G en términos de emisiones, mientras que solo un 0,3% obtiene la A. Además, un 75% de los edificios residenciales no son accesibles y unos 40% de los inmuebles de cuatro plantes no dispone de ascensor.

«No se trata solo de reducir el precio de la energía, sino también de disminuir su consumo. De ahí que las ayudas estén estructuradas para que cuanto mayor sea la eficiencia que se consiga en el edificio, mayor sea la subvención obtenida», ha recordado el presidente del Cgate.

Sanz también ha pedido que exista «información clara y transparente» respecto a estas ayudas y a su utilización, y ha destacado el papel de los «técnicos cualificados» para certificar el nivel de ahorro que se conseguirá con la reforma y que permita acceder a las subvenciones.

«Es muy importante rehabilitar con garantías porque habrá que justificar los ahorros energéticos obtenidos con los fondos. En 2024 está comprometida una parte de la superficie que tiene que estar rehabilitada, y, por lo tanto, tenemos que trabajar rápido y bien», ha explicado.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana informó este martes, en un comunicado, de la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley para regular los programas de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Real Decreto aprobado este martes cuenta con cinco programas de rehabilitación y uno para impulsar la construcción de vivienda de alquiler social.

Los promotores inmobiliarios creen que reducirá la oferta residencial

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha mostrado sus temores ante el anuncio del Gobierno de aprobar una futura Ley de Vivienda, ya que consideran que las medidas anunciadas serían un «impedimento» para ampliar la oferta de viviendas, algo «básico» para paliar la dificultades de accesibilidad a la vivienda que sufren los jóvenes españoles.

Las posibles consecuencias negativas que pueda tener esta ley y la falta de seguridad jurídica (algo, que, a juicio de APCE, provocará una contracción de la actividad en ayuntamientos y comunidades autónomas) son las principales objeciones manifestadas por los promotores.

«En Cataluña ya se han aplicado medidas similares y solo han causado un parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas», han señalado los promotores, apoyando sus afirmaciones en una encuesta elaborada entre sus asociados en la que el 55,3% de los promotores y constructores catalanes declaran haber paralizado la inversión esperando una mejor situación, un 31,6% manifiestan haberla reducido y un 13,1% afirma haber abandonado Cataluña a causa de esta regulación.

Respecto a la limitación de los alquileres, la asociación recuerda que cuando medidas de similar cariz se han intentado implantar en varias ciudades europeas han traído consecuencias como la reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y la aparición de economía sumergida.

Por último, sobre la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social-, desde APCE han apuntado que producirá una reducción de la inversión y una posible huída hacia territorios en los que no se aplique esta norma.

Asprima cree que reducirá la oferta de pisos y el empleo en el sector

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) cree que la futura Ley de Vivienda inducirá a la reducción de la oferta de pisos y conllevará, también, una caída de la actividad y el empleo, según ha denunciado este miércoles en un comunicado.

Asprima sostiene que la normativa acarreará una «falta de seguridad jurídica» que desincentivará la inversión de las empresas y limitará la actividad en las comunidades autónomas y ayuntamientos que implementen la Ley.

«A falta de conocer el texto final, la asociación considera que las medidas anunciadas afectarán gravemente a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda, dedicada tanto al alquiler como a la venta, destinada a paliar la falta de accesibilidad a la misma por parte de los jóvenes», expresan en el comunicado.

Los promotores inmobiliarios remiten a la normativa catalana para justificar sus previsiones sobre la Ley de Vivienda, y sostienen que el 55,3% de la inversión se ha parado.

Asprima también ponen como ejemplo a Cataluña, además de otras ciudades europeas, para hablar de los «efectos contrarios» de la limitación de los precios de los alquileres. Entre ellos, cita la
reducción de la oferta, la obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y la aparición de economía sumergida.

La futura Ley de Vivienda obligará a destinar un 30% de las promociones a la vivienda protegida, y la mitad de ese 30% al alquiler social. Para Asprima, esta medida reducirá y expulsará la inversión, tanto nacional como extranjera.

A falta de conocer el texto de la Ley de Vivienda, ya ha trascendido que la normativa contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos, la reserva de un 30% de las nuevas promociones para destinarlo a vivienda de protección oficial o deducciones de hasta el 90% para propietarios si bajan el precio del alquiler, así como la rebaja de precios de las viviendas de grandes tenedores en zonas tensionadas.

Arrenta la califica como «ineficaz y peligrosa» la Ley de la Vivienda

La correduría de seguros inmobiliarios Arrenta ha calificado como «ineficaz y peligrosa» la futura Ley de Vivienda, y sostiene que la tendencia de autorregulación del precio del alquiler en España demuestra que es «innecesario» regular el mercado de la vivienda.

El precio medio del alquiler con seguro de impago se ha mantenido prácticamente plano entre enero y septiembre, con un leve aumento del 1%, hasta situarse en los 707,3 euros. Arrenta estima que cerrará el año en los 708 euros.

La directora general de Arrenta, Mercedes Robles, sostiene que la pandemia ha supuesto un «gran freno del ‘boom’ de los precios del alquiler en España» y se aleja del crecimiento del 11% registrados en los precios de alquiler con seguro de impago en 2018. En su opinión, esto también demuestra una «autorregulación orgánica del precio del alquiler» en España que hace «innecesario el control» de la Ley de Vivienda.

SUBIDAS EN LA MITAD NORTE

La mitad norte de la península ha registrado las mayores subidas en el precio del alquiler con seguro, mientras que las caídas se acentúan en el sur y Levante.

En Barcelona, el precio ha pasado de 650 euros a 749 euros, un 15,2% más, mientras que en Navarra el incremento ha sido del 27,8%, desde los 425 euros del año pasado a los 543,1 euros de este.

Alicante, Valencia, Sevilla o Cádiz lideran los descensos, con una media de caídas del 20% y el precio del alquiler con seguro entre los 477,1 y los 582 euros. En Madrid, la bajada fue del 3,8 %, hasta los 778,46 euros.

Arrenta señala también que la distancia entre los precios del alquiler con seguro de impago y sin póliza se amplían cinco puntos a favor del primer tipo.

Los agentes de la propiedad inmobiliaria, contrarios a limitar el precio de los alquileres

El Consejo General de los Colegios de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) ha manifestado su «cautela» ante la futura Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno, pero han recordado su oposición a cualquier medida que limite precios en el mercado del alquiler.

«Necesitamos un texto articulado que permita analizar con detenimiento todas las medidas y su alcance antes de posicionarnos», han manifestado desde Coapi, quienes también han recordado que los poderes públicos deben legislar pensando en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y en la necesaria protección de aquellos colectivos más vulnerables o desprotegidos.

Pese a ello, tal y como ha declarado la responsable de la asesoría jurídica de Coapi, Montse Junyent, creen «injusto» que se traslade las necesidades habitacionales de la población al sector privado. «Corresponde a los poderes públicos arbitrar las medidas necesarias para el incremento de vivienda social», ha declarado la portavoz.