Ata y Cesgar se alían para que los trabajadores por cuenta propia dejen de ser «activos tóxicos» para las entidades
Pese a lo convulso de la situación que se vive en España tras las elecciones del 20 de diciembre el colectivo de autónomos es optimista en lo que a la concesión de crédito nuevo se refiere. «Yo eso no lo creo», contestaba un rotundo Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (Ata), ante la posibilidad de que los bancos vuelvan a cerrar el grifo del crédito por la incertidumbre política.
Cosa distinta es que sean los propios trabajadores por cuenta propia los que «si sigue o se mantiene la inestabilidad política» dejen de invertir y por tanto se produzca un retroceso en la demanda que «cae porque caen las inversiones; y no sólo estoy hablando de Wanda, sino de los pequeños hosteleros que se dedican a cambiar los muebles, del taxista que se plantea cambiar el coche…» puntualizaba Amor.
Lo cierto es que si atendemos a los datos los efectos del vaivén político primero en Cataluña y después en España en general se notan «íbamos muy bien, pero en los últimos meses ha caído la demanda». Aunque según la encuesta semestral del Banco Central Europeo (BCE) refleja un aumento de tres puntos en el número de pymes que solicitaron un crédito a la banca, alcanzando un 36 por ciento, según el barómetro de Ata correspondiente al mes de diciembre del pasado año el número de autónomos que se acercaron a alguna entidad financiera a solicitar financiación se contrajo cuatro décimas con respecto al mes de diciembre de 2014, pasando del 32,7 por ciento al 32,3 por ciento.
Ahora bien, el leve desánimo motivado por la coyuntura política, tiene su contraposición en el volumen de concesiones, si bien en el caso del informe del BCE el 30 por ciento reconocieron haber obtenido el visto bueno, en el caso de los autónomos, y siempre según los datos de la Federación, el porcentaje alcanzó el 56 por ciento, 3,7 décimas superior al obtenido en 2014 (53,7 por ciento).
La cifra podría incrementarse si tenemos en cuenta los entre 12.000 y 15.000 nuevos autónomos que se beneficiarán de la alianza que se forjaba esta mañana entre Ata y SGR – Cesgar (Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca), cuyo presidente, José Rolando Álvarez, también se ha mostrado muy crítico con la situación política y tachando incluso de «sedición» el hecho de que la clase política «no haga lo que tiene que hacer, que es defender al país y no coja la lectura correcta del ejemplo que ha dado España» en el proceso de recuperación económica. Algo que ha sido posible por el esfuerzo de «una sociedad civil sana, viva, que está trabajando y está compitiendo bien en el mundo».
Devolver la dignidad a la gente
Álvarez ha ido incluso más allá insistiendo en que «no podemos permitirnos el lujo de estar meses sin gobierno» ni de entrar en polémicas sobre cuestiones que «no se debaten en la sociedad española», entre ellas la derogación de la reforma laboral y fiscal.»Lo que se debate en la sociedad española», ha dicho, «es encontrar la fórmula de trabajar todos unidos para devolver la dignidad a mucha gente a través de la creación de empleo. La sociedad está en la tierra y algunos políticos en la luna.»
En este punto ha pedido además al nuevo Gobierno que sea «serio» y que hable claro. Concretamente en lo que respecta al incumplimiento del déficit fiscal que tenemos pactado con la Unión Europea «tenemos un ajuste pendiente que habrá que hacerlo necesariamente porque nos lo van a a imponer».
Crédito al 3,5 por ciento
Por lo que respecta a la parte práctica, el acuerdo cuyo objetivo es, en palabras de Amor, «que los autónomos dejen de ser un activo tóxico para los bancos», pondrá a disposición de los más de 3,2 millones de trabajadores del colectivo dos nuevas líneas de financiación de hasta 20.000 y 50.000 euros a devolver en plazos de entre 36 y 60 meses y a un coste que, en palabras de Álvarez «en el peor de los casos llegará sólo al 3,5 por ciento».
Además de las condiciones en sí la mayor de las ventajas es que se reduce al mínimo el papeleo, y las SGR abrirán -en plazos máximos de 5 días- las puertas de la financiación presentando «tan sólo el DNI, la declaración de la renta y la declaración de bienes del registro de Banco de España».
Cabe destacar que el acuerdo ha tenido en cuenta las particularidades de un colectivo en el que más del 80 por ciento solicita préstamos por importes inferiores a 50.000 euros y de ellos, el 60 por ciento no llega siquiera a los 20.000 euros.
