Más del 45 por ciento de los trabajadores por cuenta propia cobran sus facturas en periodos superiores a los 90 días
«Las Administraciones siguen siendo unas morosas», con esta firmeza Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (Ata) denunciaba esta mañana el incumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad para con los autónomos. A pesar de la leve reducción de cinco días en de las Administraciones Públicas los trabajadores por cuenta propia tardan casi tres veces más en cobrar sus facturas de lo que se establece por Ley, en concreto y según el Informe de la Morosidad de Ata correspondiente al primer trimestre del año, 85 días de media.
Incumplimientos que no han sido en absoluto resueltos por las sanciones del 08 por ciento de interés de demora que en palabras de Amor «ni se pagan ni nadie ha ido a recurrir» porque «cuesta más denunciar que cobrar lo que se establece en ese régimen sancionador». Es por ello por lo que desde Ata «lanzamos un órdago a todos los candidatos de todos y cada uno de los partidos políticos». Órdago que pasa por establecer un recargo del 20 por ciento inmediato para las AAPP que incumplan los plazos que se recogen tanto en la Ley como en la Directiva Europea de lucha contra la morosidad.
Tal y como ha explicado el presidente de Ata, «es llamativo ver a las grandes empresas presumir de resultados y sin embargo están pagando a sus proveedores a 125 días de media». Al igual que la paradoja de que a los ciudadanos se nos obligue a pagar en plazos, y con recargo, mientras que en el caso de las Administraciones «la Ley no es igual para todos». De hecho, un 45,7 por ciento de los autónomos cobra en periodos superiores a 90 días, y de ellos el 9,8 por ciento entre 181 y 364 días. Pero lo que es aún peor, Comunidades Autónomas como Galicia, Navarra y el País Vasco, hasta ahora cumplidoras, este último trimestre han incrementado sus periodos medios de pago en 15, 8 y 5 días respectivamente. Una situación además se podría agravar y extender a otras Administraciones por la entrada en unos periodos que «nos dan pánico». Y es que, como apuntaba Lorenzo Amor, durante el periodo electoral «las cajas se cierran», a lo que se suma la posibilidad de un ‘polipartidismo’ que puede convertir a muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en «ingobernables». Ingobernabilidad que tendría, entre otros efectos, la paralización de las obligaciones de pago contraídas con los proveedores.
Por lo que respecta al sector privado, su comportamiento corrobora que la de Morosidad sea «la Ley con mayor número de insumisos». La media sólo se reduce en un día, de los 84 del anterior trimestre a los 83 de éste. Periodo que, además, se elevan hasta los 118 días en el caso de compañías de entre 250 y 1.000 trabajadores y hasta los 125 días en los de aquellas empresas con plantillas de más de 1.000 empleados.
El informe, que será enviado a la Comisión Europea, recoge también otra serie de propuestas como la aprobación inminente del prometido régimen sancionador, la creación de un cuerpo de inspección que vigile la morosidad, la puesta en marcha por parte del Ministerio de Economía y Hacienda de un «buzón anónimo» en el que se recojan las denuncias de Administraciones como de empresas incumplidoras y que la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) «asuma competencia al respecto» y establezca el retraso sistemático en los pagos a proveedores como un instrumento de competencia desleal.
