El texto que se ha aprobado hoy en el Congreso salvaguarda los créditos públicos
«Es una ley de quiebra». Con esta contundencia Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (Ata), definía de forma tan rotunda la Ley de Segunda Oportunidad aprobada por el Congreso esta misma mañana. El texto que se aprobó mediante Real Decreto Ley el pasado 27 de Febrero para pasar posteriormente a tramitarse como Proyecto de Ley, no recoge la exoneración de las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, lo que a ojos de los autónomos demuestra que «el Gobierno vuelve a pecar de insensible con una Ley que deja tirado en la cuneta al que fracasa».
Una circunstancia que sin embargo sí se da para las empresas, al menos parcialmente, a las que sí se les permite negociar quitas o establecer acuerdos que rebajen la cantidad adeudada. En este sentido Amor ha defendido que, en el caso de las deudas públicas y por su naturaleza, el principal sí debe abonarse pero que «no parece lógico que no se puedan establecer quitas de los intereses y recargos de demora. Eso sí sería ayudar a los autónomos».
Esta no es la única limitación con la que se encontrarán los autónomos que deseen acogerse al mecanismo de Segunda Oportunidad, ya que aquellas personas físicas -o jurídicas- que en los últimos cinco años hayan alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, hayan obtenido la homologación judicial de un acuerdo de financiación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores, tampoco podrán solicitar la exoneración de sus deudas.
Todo un summum de barreras que hacen que el presidente de Ata augure a la Ley de Segunda Oportunidad «el mismo éxito que al Emprendedor de Responsabilidad Limitada. Es decir, ninguno».
Medidas complementarias
Para el colectivo el nuevo texto tampoco es per se suficiente para permitir el reinicio de la actividad. En este sentido Amor ha demandado una serie de medidas complementarias que favorezcan una «segunda oportunidad real» y quiten «la matrícula de fracaso» a los autónomos que se hayan visto obligados a cesar su actividad.
Entre ellas que quienes hayan fracasado puedan acogerse a la tarifa plana de 50 euros «y no verse obligados a esperar cinco años», algo que por el momento no recoge en la legislación estatal. En este punto el presidente de Ata, ha instado por enésima vez al Gobierno a que se exima al colectivo de «esa usura» del 20 por ciento de recargo de intereses de demora por pagos fuera de pazo, así como a que paralelamente se desarrolle un sistema de sanciones que penalice el retraso en los pagos de la Administración para con los autónomos. Medidas que se completarían con la extensión al colectivo del subsidio de 426 euros para parados de larga duración y que «si cumplen con su compromiso» pondrán en marcha algunas autonomías como Murcia o Castilla León.
«Una ley que no establezca incentivos a aquellas personas que han fracasado y quieren volver es complicado de entender», ha concluido Amor.
