La modificación busca aumentar tanto protección como los trabajadores que se pueden acoger a ella, a cambio, eso sí, de obligar a todo el colectivo a cotizar por ello a la Seguridad Social. Se trata de que el sistema, gestionado por las mutuas de Trabajo y conocido como protección por cese de actividad, pueda autofinanciarse, sin requerir fondos públicos adicionales.

La reforma, que está incluida en la nueva norma que modifica las mutuas de la Seguridad Social, que gestionan esta prestación, da una mayor flexibilidad a los trabajadores autónomos a la hora de acceder a la cobertura.

A partir de la entrada en vigor de la ley, el beneficiario deberá demostrar a la Administración un saldo negativo –de pérdidas– al cierre del ejercicio, en el balance entre ingresos y gastos. A estos efectos, el primer año de inicio de actividad no cuenta, porque este es el periodo de cotización que, como mínimo, tiene que acreditar el autónomo.