Nacerá un grupo liderado por José Ignacio Goirigolzarri, como presidente con ciertas funciones ejecutivas, y con Gonzalo Gortázar, como consejero delegado, con la responsabilidad de llevar las riendas del negocio. El nuevo grupo mantendrá la marca Caixabank y la sede social en Valencia, donde la tienen radicada actualmente ambos bancos.

De partida, la combinación de ambos bancos da un grupo con 664.027 millones de euros en activos, prácticamente en su totalidad en España, de los que Bankia aportaría 218.455, y Caixabank los restantes 445.572 millones, convirtiéndose así en el mayor banco en negocio en el país, por encima de BBVA y Santander.

Además, contaría con 6.727 en sucursales de partida (2.267 de ellas de Bankia) y 51.536 empleados en plantilla en este mercado y Portugal (35.589 a nómina de Caixabank), aunque habrá duplicidades que permitirán ajustes en costes.

El lanzamiento de la fusión tiene lugar después de la correspondiente ‘due dilligence’ y de que ambas entidades reclutasen a un ejército de asesores para analizar y negociar el proyecto. Caixabank ha contado con Morgan Stanley, Deloitte y Uría Menéndez, mientras que Bankia se ha apoyado en Rotschild, la consultora EY y Garrigues.

La parte más relevante de la negociación ha sido fijar el valor de cada una de las franquicias para establecer el canje accionarial y, de forma directa, la cuota de capital que conservará el Estado -dueño actual del 61,81% de Bankia- y de la Fundación ‘la Caixa -propietaria del 40% de Caixabank- y que impuso en las negociaciones conservar, como mínimo, un 30% de participación en el nuevo banco.

Según algunos medios, CaixaBank tendrá entre el 73% y el 75% del nuevo grupo y Bankia entre el 25% y 27%, después de que el Gobierno impusiese que la operación diese una prima a favor de los accionistas de Bankia -y dentro de ellos, al Estado- de entre el 20 y el 30%. Conforme a esas tesis, el Estado podría llegar a alcanzar más del 15% del capital del futuro grupo, extremo que detallarán mañana las entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En los últimos días se ha apuntado además que el máximo órgano de administración del nuevo banco cuente con 15 consejeros, con un peso mayoritario de vocales independientes. Habrá dos ejecutivos: Goirigolzarri y Gortázar, y consejeros dominicales en representación de los intereses de la Fundación ‘la Caixa’ y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Tras la luz verde de ambos Consejos de Administración, que ha tenido que aprobar el canje y la cúpula del nuevo banco, se espera el encargo de un informe independiente al Registro Mercantil, a fin de que confirme lo adecuado de las valoraciones realizadas para acordar el valor y participaciones accionariales.

Junto a ese trámite quedaría también por recibir las correspondientes aprobaciones de la autoridad de competencia (CNMC), financieras (Banco Central Europeo (BCE) y Dirección General del Seguros) y de obtener el visado del FROB, cuya aprobación formal sería en la junta de accionistas que deben aún convocar ambos bancos

Una vez con el informe independiente, los Consejos de Administración deberán acordar la celebración de sus respectivas Juntas de accionistas donde deben obtener el plácet de sus dueños, siendo la llave la del Gobierno a través del FROB y de la Fundación Caixabank. Se estima que dichas Juntas podrían tener lugar en octubre o noviembre, cuando se lanzaría ya formalmente la fusión con la solicitud oficial de las aprobaciones a las autoridades competentes.

La integración efectiva obligará a determinar más adelante la composición del futuro esqueleto directivo, de la estructura territorial, la capilaridad del nuevo banco y hasta resolver alianzas comerciales con socios hoy estratégicos (Bankia tiene, por ejemplo, a Mapfre en el negocio asegurador, que Caixabank rueda en parte con Mutua Madrileña).