Deberá bajarse el sueldo más un 50 por ciento, hasta los 45.400 euros
La lideresa de ‘Ahora Madrid’ toma el bastón de mando de la capital de España. Con 29 votos a favor -nueve de los cuales corresponderían al Partido Socialista de Madrid- la jueza Manuela Carmena ha sido elegida alcaldesa de Madrid.
Carmena se enfrenta desde ya a gestionar un Ayuntamiento con una deuda pública de más de 4,9 millones de euros -que se ha comprometido a renegociar- y una tasa de paro del 11,87 por ciento. Entre los compromisos que deberá cumplir la edil está aplicar una «política de austeridad personal acorde con las circunstancias actuales», para ello deberá rebajarse el sueldo a más de la mitad que el percibido por su predecesora Ana Botella, con lo que sus emolumentos se fijarán en torno a los 45.400 euros anuales. La reducción se extenderá también al resto de concejales y miembros del consitorio capitalino.
Otro de sus deberes será el de frenar los deshaucios, algo que se promete harto complicado ya que la paralización de este tipo de procesos se extralimita de las competencias municipales y autonómicas. Si bien si puede proponer alternativas que permitan el realojo, como por ejemplo la que se recoge en su programa de desarrollar una oficina pública de alquiler o incentivar la puesta en uso de viviendas permanentemente desocupadas del banco malo (Sareb). En materia de vivienda también tendrá que conseguir sacar adelante la ordenanza de regulación de las tasas de penalización por acumulación de viviendas con fines especulativos en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades financieras.
Entre las modificaciones normativas la subida del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es la que más preocupa al tejido empresarial de la capital de España así como a los posibles inversores. Manuela Carmena está obligada a responder y concretar el fondo y las formas, o lo que es lo mismo a quién se aplicará y bajo qué límites. Un riesgo que se añade a la posible retirada del Plan General de Ordenación Urbana elaborado por el Partido Popular, con el que se paralizarían operaciones urbanísticas como la ampliación del eje Castellana, la Operación Calderón, la Operación Canalejas, el derribo parcial del edificio España y las obras del paseo de la Dirección.
Un suma y sigue el que también se recoge la creación del banco público municipal-regional “que sirva como herramienta de financiación de proyectos sociales, empresas y cooperativas”.
