La Junta de Andalucía presidida por la socialista Susana Díaz ha admitido a trámite un nuevo proyecto de Ley que pretende impedir que se rehúya  el pago del impuesto de Sucesiones en los casos de “fallecimiento previsible con anterioridad”. Este impuesto que en muchas Comunidades Autónomas es simbólico, en otras no existe, en Andalucía ha llegado al 36,5%, según el PP, afectando a las empresas andaluzas pequeñas. Por ejemplo, en el ejercicio de 2011 la Junta recaudó más de 13 mil millones de los que 326 millones proceden de las Sucesiones y Donaciones.

Con este cambio la Junta pretende que la persona beneficiaria tenga que “aportar una acreditación emitida por la entidad financiera en la que aparezca el saldo en el momento de fallecimiento, pero también los movimientos efectuados en el plazo de un año previo a esta situación, así como el número de titulares de la cuenta.»Solución que propone el Gobierno andaluz tras conocer situaciones en las que se han llevado a cabo operaciones en los depósitos bancarios de personas a punto de morir hacia las cuentas de sus familiares para evitar pagar el impuesto de Sucesión, siendo esto un fraude fiscal.

Además se va a controlar el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para la compra de la vivienda habitual, donde aseguran que en muchas ocasiones se encubre la transmisión de la propia vivienda del progenitor, siendo otra forma de eludir el impuesto de Sucesiones. Como medida preventiva se exigirá al donatario que habite la vivienda adquirida durante un mínimo de tres años. Esta medida prohíbe que las transacciones se paguen en metálico, al igual que las adquisiciones o donaciones, intentando facilitar el posterior control de los pagos.