Por otra parte, el gasto medio por alumno bajó el curso 2017/2018 hasta los 102,44 euros de media, 3,64 euros menos que el curso anterior, que alcanzó el máximo del último lustro. El gasto más bajo fue en 2013, con 91,59 euros por alumno de media, según el informe ‘El libro educativo en España. Curso 2018-2019’, elaborado por Anele.

Este informe muestra, entre otros aspectos, “las notables diferencias y descoordinación en los criterios y políticas de financiación de las ayudas para la adquisición de los libros de texto entre las comunidades autónomas, lo que tiene como consecuencia inmediata que no todos los estudiantes tengan acceso a las mismas herramientas didácticas ni a los mismos recursos pedagógicos ni en las mismas condiciones económicas ni con los mismos niveles de actualización”.

Anele apunta, sin embargo, que las cifras medias no reflejan la realidad individual, aunque el informe sí constata que “en al menos cinco comunidades, cuya población escolar suma el 26% del total de alumnos, sus alumnos no pagan por acceder a los libros de texto”.

Además, casi el 50% de los alumnos, reciben algún tipo de ayudas para la adquisición de libros de texto, según datos de las CCAA. A ello habría que añadir ayudas procedentes de otras organizaciones. Los editores también destacan que en etapas como ESO y Bachillerato los segundos usos de los libros de texto alcanzan el 50%.

Sin embargo, la media apunta que el pasado curso los alumnos de Primaria –la etapa con mayor número de alumnos, casi 2,9 millones- pagaron 124,26 por sus libros. En total, los 8.090.558 alumnos de distintas etapas no universitarias que estudiaron el curso pasado se gastaron 828,82 millones de euros para adquirir casi 43 millones de ejemplares (a un precio medio de 19,25 euros por libro).

LIBROS DIGITALES Y VIGENCIA DE TEXTOS

Anele critica que no hayan despegado las ventas de licencias digitales, a pesar de que el catálogo se haya incrementado hasta más de 15.300 títulos (en libros de texto hay mas de 33.000). Los editores achacan a que eso se debe a la falta de una adecuada conectividad; la insuficiente inversión en formación del profesorado y la competencia desleal de las administraciones autonómicas que financian crear materiales digitales ignorando los proyectos ya disponibles.

Por otra parte, la asociación lamenta que, en el caso de los libros de texto impresos, no se estén cumpliendo los calendarios de renovación que marca la Lomce, pues la realidad es que cada comunidad autónoma está elaborando su propio calendario de renovación. Por ello, hay comunidades que permiten una vigencia de cinco años, otras seis y algunas que se mantengan en los cuatro años que marca la ley, aunque han decidido crear un calendario propio, como es el caso de Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia.