La falta de liquidez continúa siendo la causa principal de mora
A pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, el pasado año se cerró con mejorías en los niveles de impago y morosidad empresarial. Concretamente y según un informe de Crédito y Caución, el nivel medio de impagos soportado por las empresas españolas se redujo un 35 por ciento con respecto a 2013, un porcentaje todavía muy superior a los anteriores 2007.
En cuanto a las causas la falta de liquidez es la causa que más aducen las empresas para justificar el impago. Algo que no parece será superado en 2015, ya que los niveles de insolvencia judicial continúan en máximos históricos. En este sentido los analistas de Crédito y Caución apuntan a que el incumplimiento de pagos se mantendrá en una «pendiente suave, reflejo de las mayores medidas de control y gestión del riesgo de impago que han estabilizado de forma significativa el impacto de la morosidad a lo largo de la cadena comercial».
Esta contracción del volumen de impagos se debería principalmente a «la mejora de la actividad económica derivada de la reactivación del consumo interno y la dinámica de las exportaciones», explican fuentes de Crédito y Caución algo que además se completa con un cambio en el modelo productivo y comercial de las empresas que «ha venido para quedarse». Desde 2009 hasta ahora, las empresas el hecho que las empresas han introducido sistemas de control riesgos de clientes y «han renunciado a la sostenibilidad de volúmenes elevados de venta en pro de las garantías y solvencia del cliente, lo que ha impactado de forma muy positiva en el balance de resultados de las compañías», concluyen
Escepticismo ante la Ley
Dos años después de la entrada en vigor de la Directiva Europea de la Morosidad, las empresas continúan siendo escépticas con la normativa. Además, según el Índice de Riesgo de Intrum Justitia, el 58 por ciento de las empresas considera que la Ley de Morosidad afectará negativamente a sus relaciones con los clientes y el 35 por ciento afirma que no cobrará tras la reclamación.
Por otra parte, destaca que sólo el ocho por ciento de las empresas ha recurrido a emplear las medidas que se recogen en la normativa, como la indemnización de 40 euros por factura impagada o los intereses de demora de ocho puntos en pagos fuera de plazo en operaciones con empresas y Administraciones públicas.
Aún así el estudio aporta un dato positivo y es que el 85 por ciento de las empresas han confirmado que son conocedoras de la normativa (10 por ciento más que en 2013), sin embargo el 74 por ciento de ellas no ha percibido ningún impacto.
En España el plazo medio de pago alcanza los 99 días, 46 por encima de la meda Europea, siendo las administraciones públicas (central, autonómica y local) con 154 días, le siguen las empresas con 84 días de media (188 en el caso de las del mercado continuo) y 61 en en caso de los consumidores.
