Los notarios quieren el monopolio de las hipotecas. el 16 entra en vigor la nueva ley del crédito inmobiliario

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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMV) puede acabar interviniendo en el conflicto abierto por el uso obligatorio de plataformas telemáticas para la contratación de hipotecas cuando la nueva ley entre en vigor el próximo día 16, a instancias de Aeproser, la asociación que engloba a 14 sociedades especializadas en dar soporte a la banca en las firmas crediticias.

La nueva regulación exigirá a los bancos enviar vía telemática la documentación del préstamo al notario para que pueda asesorar al cliente con, al menos, 10 días de antelación antes de proceder a su firma. El conflicto salta porque el Consejo General del Notariado instó a los notarios a utilizar su propia plataforma, desarrollada a través de la sociedad Ancert, en perjuicio de otras con las que ya trabajaban las entidades financieras a través de un comunicado interno fechado el pasado 17 de mayo.

El presidente de Aeproser, Santiago Bellver, explica a Servimedia que la ley exige que haya una “plataforma segura pero no exclusiva” para gestionar las comunicaciones entre las entidades financieras y notarios, por lo que han elevado la situación a la CNMC por si la actuación del Consejo General del Notariado conculca la competencia.

El conflicto salta ahora, pero ha estado presente durante gran parte del trámite de la ley de crédito inmobiliario, ya que el Proyecto de Ley sí apostó por imponer la plataforma del Consejo General del Notariado.

Durante la fase de audiencia de su Reglamento de desarrollo una docena de entidades y organizaciones se opusieron y alegaron que imponer una solución única “carecería de cobertura legal y restringiría injustificadamente la libre competencia, vulnerando el artículo 38 de la Constitución y el Derecho de la Unión Europea”, según recoge el Consejo de Estado en el dictamen emitido a tal efecto y donde se alineó con sus tesis en contra de una plataforma única.

Entre los que formularon disconformidad figuran asociaciones como la AEB, corporaciones profesionales como el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de España y el Colegio de Registradores de España y diversas entidades privadas como Grupo Informática Notarial, Grupo BC de Asesoría Hipotecaria o Qipert UGH Global, dueñas también de plataformas telemáticas similares. Al final, la imposición se cayó del texto normativo.

“El Reglamento establece que haya una plataforma segura pero no exclusiva y el Consejo de Estado lo ratifica”, resume el presidente de Aeproser, cuyos socios aglutinan el 70% de los servicios de apoyo en operaciones hipotecarias. Nacidas algunas de sus empresas asociadas de antiguas gestoras se ocupan de tareas como gestionar bases de datos, scoring de solvencia, administrar la documentación y los trámites para formalizar los préstamos.

El “intento de imponer un monopolio” de Ancert ha sembrado estupor y malestar entre entidades y operadores, con la consiguiente división del colectivo a puertas ya de que la ley entre en marcha en una semana escasa –el periodo transitorio finaliza el domingo, día 16, por lo que deberá arrancar el lunes 17-.

MORATORIA EN LA LEY

El presidente de Aeproser va más allá y alerta del riesgo de “caos” que se avecina porque pueden crearse “cuellos de botella” si todas las operaciones tienen que confluir en una única plataforma y teme que no esté preparada para gestionar además las agendas. Las plataformas privadas ayudan a ordenar las agendas de los notarios para las firmas, aglutinando operaciones por zonas o distritos a fin de acelerar los procesos.

“Va a ser un caos. El día 16 va a ser como el 1 de enero a las 00:01 horas cuando todo el mundo colapsa el teléfono porque van a entrar por el mismo carril todas las operaciones y se conformará un cuello de botella”, advierte.

Desde la Asociación lamentan que el cambio de reglas operativas tenga lugar además en unas fechas donde tradicionalmente se efectúan muchas hipotecas, como son los meses de junio, julio y agosto.

“Hemos pedido una moratoria. En septiembre es más tranquilo”, desvela Bellver, si bien es escéptico sobre el éxito de esta demanda dados los tiempos regulados de la entrada en vigor de la ley. En esta ocasión la solicitud de la moratoria la cursó la asociación a Justicia, Vicepresidencia del Gobierno y a la Dirección General del Registro del Notariado, englobado en la subsecretaría de Estado.