La incorporación de 44 enmiendas (17 del PP y 27 del PAR) al proyecto presupuestario durante su tramitación en la Cámara Alta obliga a que las cuentas públicas tengan que volver a pasar por el Congreso para que los diputados decidan si aceptan o rechazan dichos cambios.

Desde que el proyecto presupuestario fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 23 de mayo con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro, Coalición Canaria y Nueva Canarias y los votos en contra de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat, Compromís y Bildu, su tramitación en el Senado estuvo marcada por la moción de censura que el 1 de junio otorgó la Presidencia del Gobierno al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El acuerdo del anterior Gobierno, el liderado por Mariano Rajoy, con sus socios parlamentarios en la elaboración y aprobación de las cuentas, en principio garantizaba que la tramitación presupuestaria en el Senado, que comenzó el 29 de mayo, discurriese sin introducir ningún cambio, con el objetivo de que los PGE entrasen en vigor en cuanto fueran aprobados por la Cámara Alta, sin necesidad de que volvieran al Congreso.

Sin embargo, el cambio de Gobierno originado por la moción de censura, en la que el PNV, socio presupuestario del PP, otorgó su voto favorable a Sánchez, provocó un cambio de estrategia de los populares, que decidieron que enmendarían los Presupuestos, reduciendo las partidas dedicadas al País Vasco, al tiempo que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez garantizaba a la formación jeltzale que los mantendría tal y como salieron del Congreso. Así, el PNV considera que las enmiendas presentadas y aprobadas por el PP suponen una “revancha”, mientras que los populares defienden que fue la formación vasca quien rompió el acuerdo y que sus enmiendas tan sólo buscaban “mejorar” los PGE.

Ante este escenario, el jueves se constatará si el PSOE consigue reunir una mayoría parlamentaria con la que rechazar las enmiendas populares y, con ello, mantener las cuentas públicas que salieron del Congreso, tal y como prometió al PNV. Para ello necesitará sumar al menos los votos en contra de Unidos Podemos, ERC, PNV y PDECat, formaciones que en el Senado presentaron vetos y votaron en contra de las enmiendas del PP y que, junto a Nueva Canarias y Bildu, dieron su voto a Pedro Sánchez en la moción de censura. En cualquier caso, tanto si se aceptan como si se rechazan las enmiendas, los PGE de 2018 quedarán definitivamente aprobados.

CAMBIOS EN EL SENADO

En concreto, de las 17 enmiendas del PP, la de mayor cuantía es una de 26,6 millones de euros destinados a financiar programas para la mejora del transporte público en zonas despobladas. Para poder incorporar esta dotación, la enmienda contrarresta dicha subida sacando la misma cantidad, 26,6 millones, de una partida que hasta ahora los destinaba al Servicio Vasco de Empleo. Además, otra enmienda popular extrae otros tres millones que iban a ser dedicados al Centro de Investigación Vasco, la ‘Biscay Marine Energy’. Por su parte, las 27 enmiendas del Partido Aragonés suponen un total de 144,1 millones de euros destinados a la comunidad autónoma de Aragón, la mayor parte de ellas en infraestructuras.

LÍNEAS MAESTRAS

Entre las líneas maestras de los Presupuestos de 2018 destacan medidas como la subida salarial para los funcionarios; la rebaja del IVA de las entradas de cine del 21% actual al 10%; la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y diversas deducciones fiscales por maternidad, familia numerosa o familiares con discapacidad a cargo.

Además, otra de las medidas más destacadas de estas cuentas públicas es el acuerdo alcanzado entre PP y PNV, que contó con el apoyo de toda la Cámara Baja, para subir un 1,6%, las pensiones en 2018, en línea con el IPC, tal y como reclaman los colectivos de pensionistas, sindicatos y varias formaciones políticas.

Por otro lado, ya en el proyecto inicial presentado el 3 de abril en el Congreso de los Diputados se incluían cuestiones acordadas por el PP con otras formaciones, como la elevación del umbral de tributación del IRPF de los 12.000 euros al año actuales a 14.000, o la bajada de impuestos para trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros, pactadas con Ciudadanos.

Por su parte, la Comisión de Presupuestos del Congreso incorporó diversas partidas (infraestructuras, educativas, de estímulo económico…) dirigidas a las regiones a las que pertenecen las formaciones políticas que dieron su apoyo a los PGE elaborados por el PP: País Vasco (PNV), Navarra (UPN), Asturias (Foro) y Canarias (Coalición Canaria y Nueva Canarias).

Otros acuerdos alcanzados durante la tramitación presupuestaria incluyen una dotación de 250 millones de euros para luchar contra la violencia de género, de acuerdo con el Pacto de Estado cerrado en 2017; o la aplicación del IVA superreducido del 4% a los servicios de atención a la dependencia que estén financiados con recursos públicos.