De esta forma, las cuentas públicas de 2018, que quedaron aprobadas definitivamente el pasado 28 de junio después de que el Congreso de los Diputados aceptara 32 de las enmiendas incorporadas por el Senado, empezarán a aplicarse cuando ya se ha avanzado la mitad del ejercicio, aunque muchas de las partidas se aplicarán con retroactividad a 1 de enero.

Los Presupuestos de 2018 han vivido una tramitación enmarcada en un contexto político muy singular. En primer lugar, fueron presentadas con cinco meses de retraso respecto a lo que marca la Constitución debido al bloqueo político derivado de la situación catalana, que, debido a la postura del PNV de no negociar los PGE hasta el levantamiento del artículo 155 en Cataluña, provocó que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy no presentara el proyecto presupuestario mientras no contase con los apoyos necesarios.

Tras ello, una vez superado el bloqueo político por el escenario catalán y después de que el PP hubiera alcanzado los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, llegó la moción de censura con la que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa con el apoyo, entre otros, de varios socios presupuestarios del PP, como PNV y Nueva Canarias.

Sin embargo, Sánchez prometió que mantendría los Presupuestos tal y como fueron aprobados por el Congreso el pasado 23 de mayo. De esta forma, se dio la paradoja de que durante la tramitación en el Senado, el PP, autor de los PGE, presentó enmiendas para modificarlos, mientras que el PSOE, que los había rechazado, no presentó ninguna y asumió el proyecto elaborado por el anterior Gobierno.

LÍNEAS MAESTRAS

Entre las líneas maestras de los Presupuestos de 2018 destacan medidas como la subida salarial para los funcionarios, la rebaja del IVA de las entradas de cine del 21% actual al 10%, la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y diversas deducciones fiscales por maternidad, familia numerosa o familiares con discapacidad a cargo.

Además, otra de las medidas más destacadas de estas cuentas públicas es el acuerdo alcanzado entre PP y PNV, que contó con el apoyo de toda la Cámara Baja, para subir un 1,6%, las pensiones en 2018, en línea con el IPC, tal y como reclaman los colectivos de pensionistas, sindicatos y varias formaciones políticas.

Por otro lado, ya en el proyecto inicial presentado el 3 de abril en el Congreso de los Diputados se incluían cuestiones acordadas por el PP con otras formaciones, como la elevación del umbral de tributación del IRPF de los 12.000 euros al año actuales a 14.000, o la bajada de impuestos para trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros, pactadas con Ciudadanos.

Por su parte, la Comisión de Presupuestos del Congreso incorporó diversas partidas (infraestructuras, educativas, de estímulo económico…) dirigidas a las regiones a las que pertenecen las formaciones políticas que dieron su apoyo a los PGE elaborados por el PP: País Vasco (PNV), Navarra (UPN), Asturias (Foro) y Canarias (Coalición Canaria y Nueva Canarias).

Otros acuerdos alcanzados durante la tramitación presupuestaria incluyen una dotación de 250 millones de euros para luchar contra la violencia de género, de acuerdo con el Pacto de Estado cerrado en 2017, o, por iniciativa del PDECat, la aplicación del IVA superreducido del 4% a los servicios de atención a la dependencia que estén financiados con recursos públicos.

Durante su tramitación en el Senado fueron incorporadas 44 enmiendas, de las que finalmente el Congreso aceptó 32. Entre ellas, destaca una para el incremento de las ayudas económicas a los afectados por la talidomida, así como numerosas partidas destinadas a la comunidad de Aragón, la mayoría relativas a mejoras en infraestructuras.