La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha alertado este jueves de que si se conceden las 120.000 autorizaciones VTC (vehículo de alquiler con conductor) solicitadas hasta la fecha por empresas como Cabify y Uber, habría en Madrid capital 7,5 VTC por cada taxi. Esto haría que la proporción que establece el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT) de una autorización VTC por cada 30 taxis pasase a ser de 225 VTC por cada 30 taxis.
Así lo manifestó el presidente de Antaxi, Julio Sanz, tras conocerse las informaciones publicadas en medios de comunicación en las que se advierte del posible escenario que se abriría al concederse este tipo de autorizaciones y que “confirmarían la situación que desde Antaxi venimos denunciando y a la que se ha llegado como consecuencia de la falta de decisión del Gobierno durante estos años”.
En este sentido, Sanz incidió en que “el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo el pasado día 10 de mayo es un nuevo parche que no solo no blinda al taxi, sino que continúa judicializando las normas que regulan el sector, y la prueba de ello la encontramos en que a día de hoy se puedan seguir solicitando autorizaciones VCT”.
Estas autorizaciones continúan solicitándose a la espera de que el Tribunal Supremo haga público el fallo judicial de la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el ROTT de 2015 y en la que Antaxi se encuentra personada.
“Esta situación está propiciando que, si bien el taxi ha necesitado 100 años para alcanzar la cifra de 67.000 licencias en todo el territorio nacional, estos vacíos legales están favoreciendo que en un plazo de 10 años las autorizaciones VTC doblen el número de taxis, cifra injustificable a nivel de demanda ciudadana, y que responde a movimientos especulativos”, añadió Sanz.
En este contexto, Antaxi hace hincapié en la necesidad de ordenar adecuadamente la competencia entre el sector del taxi y las VTC, mediante la creación de un proyecto de ley con carácter retroactivo que consiga una regulación armónica del sector.
Además, Antaxi ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que implanten medidas “que corrijan lo que el Estado ha sido incapaz de regular y que en el ámbito de sus competencias adopten medidas que reviertan esta tendencia”, explicó Julio Sanz.
En concreto, Antaxi aboga por la implantación de las licencias urbanas que sigan el ejemplo de lo que se ha hecho en ciudades como Barcelona, o la elaboración de informes que determinen las cifras reales de vehículos que se necesitan en cada ciudad en función de la demanda por habitantes.
“Mediante el debate y la participación de todos, se puede dar una solución integral al sector y poner fin a los continuos parches”, concluyó Sanz.
