El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, el presidente de AEMA, Julián Fernández, y el gerente de Taxi AMIC, Rubersindo Izaguirre, exigieron hoy a la Administración que ayude económicamente al sector profesional del taxi, para que éste pueda cumplir con el Real Decreto 1544/07 que dicta que el 5% de las licencias del territorio nacional tiene que ser de Eurotaxis.
Así lo manifestaron los representantes de los taxistas en un acto celebrado hoy en Madrid, y organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en el que Julio Sanz recalcó que «si hay alguien comprometido con la accesibilidad de los taxis, e interesado en dar este servicio, para que no se externalice, esos son los taxistas».
Sin embargo, recordó que «son profesionales autónomos, muchos de ellos ya hipotecados, que no pueden realizar inversiones de 40.000 euros que es lo que puede costar adquirir un vehículo adaptado según la UNE».
Asimismo, señaló que tal y como se desprende del estudio sobre el estado de la situación del servicio de taxi accesible, elaborado por Fundación ONCE y el CERMI y presentado en esta misma jornada, «en los municipios en los que los ayuntamientos se han implicado, los taxistas han respondido y la cuota del 5% se está cumpliendo».»Se trata de un problema de todos, y por tanto hay que implicar no sólo a la Administración, sino también a los fabricantes de vehículos en la búsqueda de soluciones», señaló.
En este sentido, Julián Fernández defendió que en el caso concreto de Madrid «no se trata de que la Administración no tenga dinero, sino de que éste, está mal repartido». «De hecho, el Ayuntamiento ha destinado 878 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes; 100 millones de euros en el metro; y 25 millones de euros al servicio público de alquiler de bicicletas», informó.
Además, según aseguró, uno de los artículos del Real Decreto 1544/07, señala que durante el primer año tras su aprobación, las Administraciones debían establecer planes para fomentar su cumplimiento. «Estos planes no se han realizado, y los Ayuntamientos, que son quienes deben garantizar el transporte de todos los ciudadanos, está eludiendo esta responsabilidad».
SOBRE LA CUOTA DEL 5%
Por otra parte, Julio Sanz señaló que «más que fijarnos en porcentajes, deberíamos fijarnos en si los servicios solicitados por personas con discapacidad se ven cubiertos o no, para no encontrarnos con una flota de taxi adaptados, con la respectiva inversión que supone, que sea superior a la demanda».
En este sentido, el gerente de AMIC, apuntó que «se puede obligar a un taxista a que adapte su taxi, pero no a que de un servicio a una persona con discapacidad. El taxista que ofrezca este servicio debe estar sensibilizado, gustarle lo que hace».
Por su parte, Julián Fernández, apoyó esta idea, al explicar que un conductor de Eurotaxi, realiza un servicio superior al que se le exige por ley, al ayudar a la persona con discapacidad a subir y bajar del coche, etc. Bajo su punto de vista, llenar la ciudad de Eurotaxis «repercutirá negativamente en la calidad del servicio».
Fuente : Servimedia
