La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) señaló hoy a través de un comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que la empresa americana Uber «no opera según los principios de la economía colaborativa».

Así se manifestaron los representantes de los taxistas madrileños ante el hecho de que el órgano responsable de preservar y garantizar la competencia de los mercados haya puesto en marcha una consulta pública sobre la legislación necesaria para regular la economía colaborativa aplicada al transporte de viajeros y del alquiler de alojamientos.

En este sentido, el presidente de la FPTM, Julio Sanz, alertó de que «parece que se está confundiendo la economía colaborativa con la implantación de un mercado regulado». «Uber y Airbnb prestan servicios de intermediación, lucrándose por ello, figura que ya está regulada como intermediador de transporte o alojamiento», añadió.

El presidente recordó que la economía colaborativa se produce cuando un particular, que vaya a realizar un desplazamiento, ofrece a otro viajero que vaya a hacer el mismo trayecto, la posibilidad de hacerlo de manera conjunta para compartir los gastos. «Todos sabemos a qué nos referimos y no es precisamente lo que hace Uber», denunció.

Sanz explicó que «la multinacional cuenta con una flota de conductores que esperan en un determinado punto a que alguien demande sus servicios. Cuando esto se produce, van a recoger al cliente demandante hasta donde él les indique, y lo traslada hasta el punto que éste desee, cobrando después por el servicio».

«Esto no es economía colaborativa, si no dedicarse al transporte de viajeros a demanda, y según el ordenamiento jurídico que tenemos requiere de unas condiciones que deben cumplir los prestatarios de ese servicio», denunció.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid expuso que equiparar el transporte regulado, con el que no lo está, puede abrir una brecha en los derechos de los usuarios. «No nos parece procedente que la competencia, merme los derechos de los usuarios a costa de abaratar costes. ¿A quién reclamará un usuario que tenga un percance con un prestatario de servicio?», se preguntaron sus representantes.

Además, incidieron en que esta empresa «por no colaborar, no colabora ni con nuestro Estado de bienestar, al no pagar a Hacienda por los servicios que efectúan aunque ingrese un 20% de la factura de cada trayecto».

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