Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, han exigido este viernes a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales del 20 de diciembre que incluyan en sus programas electorales medidas fiscales que garanticen una redistribución equitativa y justa de los ingresos para garantizar una sociedad con igualdad de oportunidades y sustentada en el estado del bienestar.
Según ha destacado Gestha, en la última década se ha perdido en gran medida la progresividad del sistema tributario, evidenciándose un trato diferente para las rentas del trabajo y las del capital, ya que los contribuyentes con menos ingresos pagan «paradójicamente» más impuestos que las grandes fortunas. De hecho, actualmente la mayor carga impositiva la soportan los contribuyentes con ingresos anuales por debajo de los 30.000 euros.
De la misma manera, los técnicos de Hacienda señalan que los impuestos directos, como el IVA, tienen demasiado peso en el sistema tributario español, que sobrepasa en 6.000 millones anuales la media europea, ya que gravan a todos los contribuyentes por el mismo rasero con independencia de su capacidad económica.
Por ello, frente a la aprobación de medidas regresivas «que están acentuando la brecha de la desigualdad», Gestha propone que se diseñe una política tributaria más cercana a la realidad social española, o, lo que es lo mismo, más general, equitativa y progresiva de forma prioritaria a través de una lucha decidida contra la evasión y elusión fiscal. Y es que la tasa de economía sumergida que hay en España supone casi el 25 por ciento del PIB, lo que supone que más de 253.000 millones de euros escapan al control fiscal.
Tres ejes para lograr la justicia fiscal
Por ello, Gestha, en consonancia con la Plataforma por la Justicia Fiscal, propone tres ejes de medidas fundamentales para avanzar hacia la denominada justicia fiscal. En primer lugar, abogan por dotar al sistema de mayor progresividad impositiva recuperando un mayor peso de la imposición directa sobre la indirecta, es decir, dando más protagonismo a la capacidad económica del ciudadano y de las empresas. Asimismo, piden igualar el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital, limitar los incentivos y deducciones en el Impuesto de Sociedades, implantar el Impuesto a las transacciones financiertas y abordar una decidida lucha contra el fraude y la elusión fiscal. En este sentido, el colectivo estima que España pierde 79.000 millones de euros anualmente por su menor presión fiscal en comparación con la media ponderada de los países de la UE.
En segundo término, solicitan una mayor dotación de medios humanos y técnicos en la Agencia Tributaria para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, reformando su estructura y funcionamiento, para poner mayor atención en las grandes bolsas de fraude, responsabilidad de grandes empresas y fortunas.
Además, reclaman mecanismos que exijan mayor transparencia a las grandes empresas en materia fiscal. Entre ellos, el requerimiento de un informe económico y de pago de impuestos que refleje todos los países en los que las empresas estás presentes y que sea de acceso público.
