Así lo indicó a Servimedia el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien señaló que este impuesto será eficiente cuando se aplique de forma conjunta en toda la UE, pero no al ser aplicado de forma individual por un país.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretó ayer que la intención del Gobierno es crear este nuevo tributo para gravar con un 3% a las grandes empresas tecnológicas que facturan al menos 3 millones en España y 750 millones a nivel mundial, al considerar que actualmente su actividad no está incluida en la fiscalidad existente. Este nuevo impuesto gravaría con un 3% los ingresos obtenidos por la publicidad en Internet, las transacciones comerciales en las que ejercen de intermediarios entre empresas y particulares y la venta de datos de usuarios.

Al tratarse de un tributo de nueva creación, tendrá que ser tramitado mediante la presentación y aprobación de una proposición de ley cuyo texto, según explicó la ministra, coincidirá con la propuesta de transposición de la directiva europea que se está elaborando en la UE.

La dificultad para su aplicación, según Gestha, radica en la imposibilidad de controlar la facturación de empresas que están radicadas en otros países. En este sentido, Mollinedo explicó que la directiva europea y su aplicación en toda la UE obligará a las empresas a detallar por países el origen de su facturación, lo que permitirá calcular la recaudación correspondiente a cada Estado miembro. Sin embargo considera que, hasta que no se apruebe la directiva y comience su aplicación, aunque el Gobierno de Sánchez implante ya por su cuenta el impuesto no le será posible conocer la facturación de estas empresas en España.

Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a Servimedia que este nuevo impuesto busca gravar actividades que actualmente no están incluidas en la fiscalidad existente, como la publicidad en Internet, la venta de datos o la intermediación en transacciones comerciales, y que sólo se aplicará a los ingresos por estos conceptos que se generen en España, diferenciándolo del Impuesto de Sociedades por el que tributan los beneficios de las empresas.

Sobre este punto, Mollinedo apuntó la dificultad para que la directiva sea aprobada, ya que debe producirse por unanimidad y aquellos países, como Irlanda, en los que hay radicadas más empresas tecnológicas, podrían oponerse a la aprobación de la directiva por temor a que las empresas decidan trasladar su sede a otro país fuera de la UE.