El número de trabajadores en despidos colectivos subió un 18,1% hasta abril 2021 respecto al mismo periodo de un año antes, con 5.021 trabajadores afectados.
De su lado, la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada cayó un 97,6%, hasta los 19.989 empleados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
En el acumulado del año, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas descendió un 97% en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta sumar 25.010 afectados, de los que casi el 80% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato.
Las cifras solo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas. Además, Trabajo ha explicado que al no disponer íntegramente de su fuente de base, la publicación de la Estadística de Regulación de Empleo «ha sufrido modificaciones en cuanto a su formato habitual, adaptándose a los datos disponibles».
De los 25.010 trabajadores afectados por ERE en el conjunto de los cuatro primeros meses del año, un total de 8.091 estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que es un 98,7% inferior a la del mismo periodo del año pasado.
Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 16.919 trabajadores, cifra que supuso un descenso de 178.229 personas respecto a abril de 2020 (-91,3%).
Además, 15.177 procedimientos finalizaron con acuerdo en los cuatro primeros meses de este año (-91,9%), mientras que 1.742 lo hicieron sin acuerdo (-76,2%).
En el mes de abril, se registraron un total de 3.468 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. De estos, 2.628 se vieron afectados por una suspensión de contrato o reducción de jornada y 840 estuvieron en un despido colectivo.
Asimismo, 29 trabajadores estuvieron un procedimiento por causa mayor y 3.439 se vieron afectados por un ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción). Un total de 3.300 procedimientos finalizaron con acuerdo y 139, sin él.
COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN
Por sectores, el comercio al por mayor y por menor, reparación vehículos de motor ha sido, un mes más, el más afectado por ERE (12.847), junto a actividades administrativas y servicios auxiliares (4..067), industria manufacturera (1.901) y construcción (1.285); mientras que el menor número se registró en actividades inmobiliarias (24) y suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (30).
Por comunidades autónomas, la que registró hasta abril un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Madrid (5.920), seguida de Cataluña (5.724) y Comunidad Valenciana (2.676).
Tras estas regiones destacan Andalucía (2.240), Asturias (1.391) y Baleares (1.239). Las menores cifras de afectados se dieron en Ceuta y Melilla (13) y La Rioja (81).
Trabajo ha explicado también que desde que se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo de 2020, el número de procedimientos de regulación de empleo comunicados a las autoridades laborables se ha visto incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTES) generados.
Por este motivo, explica el Ministerio, no ha sido posible en la mayoría de los casos la remisión de información a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, tal y como se establece en la orden por la que se adoptan disposiciones para la determinación de la forma y contenido de la información estadística.
Además, ha señalado que se ha ampliado el plazo para que las autoridades laborales remitan la información necesaria para elaborar la Estadística de Regulación de Empleo acorde a los cauces habituales, priorizando así el registro, tramitación y resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) «indispensables para el acceso a las prestaciones correspondientes, frente a la remisión de información estadística».
