Los vídeos inmediatos de asaltos ‘okupas’ facilitarán su desalojo por las Fuerzas de Seguridad

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Los ciudadanos podrán enviar a través de la aplicación de móviles Alertcops, gestionada por el Ministerio del Interior, fotos y vídeos del momento en el que ‘okupas’ entran en un inmueble, lo que facilitará su desalojo inmediato al servir como pruebas de que se está produciendo un delito flagrante, informa Servimedia.

Éste es uno de los elementos del ‘plan de choque’ contra las ocupaciones que lanzará Interior y que se ha plasmado en una instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Este protocolo se suma al dictado esta semana por la Fiscalía, que busca también hacer frente a la inquietud social contra el fenómeno de la entrada en inmuebles.

Fuentes de Interior explicaron que la instrucción de este departamento, que fue anunciada este miércoles en el Congreso por el ministro Fernando Grande-Marlaska, busca que las Fuerzas de Seguridad del Estado tengan un “instrumento necesario y preciso” para actuar contra las ocupaciones de inmuebles, para lo cual se especifica cómo deben actuar los agentes sobre la base de la normativa actual y en coordinación con los jueces y fiscales.

Entre las medidas que incluye la instrucción están que la aplicación ‘Alertcops’ tenga un apartado contra las ocupaciones; la realización de “mapas” policiales de zonas de riesgo ‘okupa’ y de inmuebles vacíos; atestados policiales más precisos; y la clarificación normativa para los agentes, como que las segundas viviendas de particulares son a efectos legales como la morada habitual, por lo que entrar en ellas es delito de allanamiento.

Respecto a la aplicación de móviles Alercops, permitirá a los ciudadanos enviar fotos, vídeos y testimonios del momento en que se produce un asalto ‘okupa’. Estas pruebas facilitarán que los agentes se desplacen de inmediato al lugar y puedan desalojar a estas personas en el acto si se constata un delito flagrante.

ATESTADOS PRECISOS

Esta cuestión de la flagrancia es clave para una rápida solución de la ocupación de un inmueble, ya que cuando se prueba las Fuerzas de Seguridad puede proceder al desalojo inmediato sin mediar una decisión judicial. En este sentido, el Tribunal Supremo tiene establecido que para que un delito sea flagrante tiene que existir inmediatez en la acción, en la actuación de personas y que requiera de intervención policial.

No obstante, desde Interior se asegura que la mejora en la elaboración de los atestados policiales ayudará también a que la Fiscalía y los propios jueces tomen decisiones rápidas para actuar contra los ‘okupas’. Por este motivo, la instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad insta a los agentes a incluir en los atestados aspectos como declaraciones de testigos, daños al inmueble y otras circunstancias para hacer más fácil la respuesta legal.

En este sentido, otro de los aspectos en los que se incide en la instrucción de Interior, como se hacía en la de la Fiscalía, es dejar claro a las Fuerzas de Seguridad y a los miembros del Ministerio Público que las segundas viviendas de particulares deben ser consideradas como moradas o domicilio principal, por lo que su entrada en las mismas será un delito de allanamiento. Esta circunstancia facilita su desalojo, aunque para que lo efectúen fuerzas policiales debe existir constancia de la flagrancia del delito, es decir que se detecte nada más producirse.

“MAPAS” DE PELIGRO ‘OKUPA’

Respecto a la entrada en inmuebles que no son la vivienda habitual de alguien, como pueden ser propiedades de bancos o inmobiliarias, se aplicará el delito de usurpación y los agentes sólo podrán entrar si se tienen noticia inmediata del asalto del inmueble. De lo contrario, será necesario el permiso judicial.

No obstante, Interior quiere que la Policía Nacional y la Guardia Civil realicen “mapas” de lugares donde suelen actuar los ‘okupas’ y de zonas con muchos inmuebles vacíos, lo que permitirá prevenir la entrada en los inmuebles y evitar los delitos antes de que se produzcan. Además, los cuerpos policiales estarán en contacto con inmobiliarias, bancos y asociaciones vecinales para que la información continua permita evitar conflictos antes de que se produzcan.

Asimismo, las Fuerzas de Seguridad tendrán en cuenta si las personas que entran en inmuebles son colectivos vulnerables, como familias con niños o personas discapacitadas. En estos casos se avisará a los servicios sociales para que faciliten viviendas a estos ciudadanos.

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