La empresa actualizó su ‘Mapa del riesgo político 2020’ y en su análisis prevé una caída del PIB español cercana al 14%, «el descenso más acusado de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)» y un deterioro fiscal «considerable» debido al aumento del déficit que estima en un 12% para 2020 frente al 2,8% de 2019.

Esta situación acarrea un incremento de la deuda pública hasta el 110% del PIB en 2020, frente al 95% al cierre de 2019, y a ello se suma que sectores como el turismo o la automoción, con un elevado peso en la economía nacional, «han sido de los más perjudicados por la pandemia».

Ante ese escenario, Marsh advierte de que el «descontento social» en España puede incrementarse y para ejemplificar la situación puso como ejemplo el cierre de la planta de Nissan en Barcelona el pasado mayo, que «causó diversas protestas por la pérdida directa de 3.000 puestos de trabajo» y «actos violentos».

«La industria de fabricación de automóviles representa el 10% del PIB de Cataluña y podrían producirse nuevos recortes de empleo en el sector en los próximos meses. Todo ello sin olvidar un posible resurgimiento de las tensiones independentistas», apuntó el responsable de Riesgo Político de Marsh España, Diego Fernández.

Por otro lado, el experto señaló que los retos del Gobierno son la implementación correcta de las ayudas a los sectores más necesitados o estratégicos, además de la necesidad de ajustar el déficit y controlar la deuda pública.

«El aumento del gasto social exigido por parte del Gobierno, en un entorno de menor crecimiento económico, será complicado de materializarse sin un considerable incremento de la presión impositiva. La negociación de los presupuestos, la reforma laboral y las exigencias de los partidos nacionalistas pondrán a prueba en los próximos meses la resiliencia del ejecutivo», añadió.

El experto destacó de forma positiva la actuación global de Unión Europea ante la crisis del coronavirus y el programa de ayudas implementado, del que España recibirá 140.000 millones de euros, algo más de la mitad en ayudas directas.

Sin embargo, matizó que «las inyecciones de liquidez en el sistema podrían ayudar a generar inflación (todavía no visible), lo que podría disminuir la carga de la deuda de Estados, empresas y familias».

Por otro lado, el analista subrayó que España se considera un país «con un entorno jurídico favorable» para la inversión extranjera y que como miembro de la UE considera «complicado» que ese escenario cambie en el corto plazo.