Un total de 19.500 familias en dificultades se han beneficiado de las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para frenar los desahucios, y en concreto 2.124 familias han acordado la dación en pago, según el Ministerio de Economía y Competitividad en una nota.
Desde la puesta en funcionamiento del Código de Buenas Prácticas (CBP) para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, en marzo de 2012, hasta el pasado mes de mayo las 45 entidades financieras adheridas recibieron 23.983 solicitudes.
De esa cifra, en 6.498 casos se reestructuró la deuda, dando mayores facilidades para el pago de la hipoteca sin el abandono de la vivienda, mientras que en otros 2.124 casos el acuerdo se cerró con la dación en pago, medida que supone la liquidación de la deuda y la entrega del inmueble a la entidad financiera.
Al mismo tiempo, el Fondo Social de Viviendas (FSV) proporcionó en el período 927 viviendas con alquiler reducido. Además, se han suspendido más de 10.000 lanzamientos desde la entrada en vigor de la normativa destinada a este fin. De esta forma, en total 19.500 familias en dificultades se han beneficiado de las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis en este ámbito.
Al CBP están adheridas prácticamente todas las entidades financieras de forma voluntaria, aunque los compromisos a la hora de facilitar soluciones al problema de los desahucios pasan a ser obligatorios cuando se suscribe el código.
Los datos de solicitudes vuelven a reflejar un «progresivo aumento», ya que, por ejemplo, en el primer año de aplicación se recibieron 4.385 solicitudes, mientras que solo en el mes de mayo de este año ascendieron a 2.027.
FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS
Economía explicó que la mayor acogida de las medidas incluidas en el CBP se explica por las mejoras introducidas en la Ley 1/2013 de 14 de mayo que supusieron ampliar y flexibilizar las actuaciones de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) acogerse al CBP, cuando antes debían carecer de rentas. La unidad familiar debe sufrir una alteración significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años y su cuota hipotecaria ha de superar el 50% de los ingresos netos, entre otras modificaciones.
El CBP funciona en paralelo al Fondo Social de Viviendas (FSV), al que 33 entidades financieras han aportado 6.000 viviendas con el fin de proporcionar un techo a familias en situación de especial vulnerabilidad. El FSV está destinado a aquellos que, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. Los beneficiarios pagan un alquiler reducido, de entre 150 y 400 euros al mes e incluso por debajo en circunstancias especiales.
Desde su puesta en funcionamiento, en enero de 2013, hasta mediados de este mes de julio se han recibido 1.789 solicitudes de viviendas, se han adjudicado 927 y se han firmado 695 contratos. Además, se ampliaron las circunstancias personales y familiares que dan derecho a solicitar una vivienda al FSV.
El nuevo convenio con las entidades financieras permite que personas o familias puedan mantenerse en la vivienda que habitan, aunque la hayan perdido como consecuencia de una ejecución forzosa y después de que haya sido adjudicada. También se abrió esta posibilidad para las daciones en pago.
Además, se ampliaron las circunstancias personales y familiares que dan derecho a solicitar una vivienda al FSV, como las unidades familiares con hijos menores de edad, personas en situación de dependencia o con discapacidad, entre otras.
(Servimedia)
