La recién constituida Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado reunirse «a la mayor rapidez posible» con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y con el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, con el objetivo de abordar la exclusión financiera.

En un comunicado, la plataforma explica que ha pedido estos encuentros con el objetivo de trasladar su preocupación ante «la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores», causada por el cierre de «miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años».

Señala que los cierres «han supuesto muy serias dificultades –en miles y miles de casos, una total imposibilidad– para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones ‘online'».

En la misiva enviada por la PMP para solicitar la reunión, el presidente de la plataforma, Ángel Rodríguez Castedo, ha afirmado que la exclusión financiera «tiene unas graves consecuencias sobre las personas mayores (especialmente las muy mayores), que se sienten abandonadas, humilladas, incluso inútiles». «Esto es maltrato. Edadismo», ha añadido.

Entre las medidas que ha propuesto la PMP, destaca la «necesidad» de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios.

En este sentido, la organización recuerda que hay actualmente en tramitación un anteproyecto de Ley para regular los servicios de atención al cliente, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre de 2021, en la cual se establecerá el derecho de los consumidores a obtener por parte del prestador de bienes y servicios una atención gratuita, eficaz, accesible, inclusiva, no discriminatoria y evaluable.

Asimismo, la PMP ha demandado la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un «gestor del mayor» en cada una de las oficinas bancarias con el objetivo de ayudar a los mayores en su interacción con el banco.

También ha solicitado que se complementen los servicios digitales con una «buena atención telefónica», la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la «España rural», o el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, entre otros.

Además, la PMP ha incidido en la necesidad de hacer ver al sector bancario la «oportunidad reputacional» de poner en marcha medidas inclusivas para las personas mayores y que se trabaje «desde el convencimiento de que es posible la necesaria digitalización sin dejar a nadie atrás».

La plataforma se hace eco de la iniciativa puesta en marcha por Carlos San Juan, un usuario de banca de 78 años, que ha sido publicada en change.org: ‘Tengo 78 años y me siento apartado por los bancos. Atención humana en sucursales bancarias’.

A raíz de esta campaña, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se reunió con las principales asociaciones bancarias el pasado 20 de enero con el objetivo de solicitar medidas al sector para garantizar el acceso a los servicios bancarios para toda la población, incluyendo a las personas mayores de 65 años.

La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP); por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA); y por la ONCE. En total, aglutina a 15.079 asociaciones y cerca de 5.746.000 afiliados.