La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a España redistribuir la carga impositiva desde el trabajo hacia la imposición indirecta, con menos cotizaciones sociales y más IVA, además de aumentar los tributos medioambientales y sobre bienes inmuebles. En su informe bienal sobre la economía española, el organismo destaca que las «decisivas actuaciones del Gobierno han mejorado notablemente el sector bancario y el déficit presupuestario se encuentra en una trayectoria descendente».
Sin embargo, apunta que la situación económica sigue siendo «frágil» y el «principal reto» de política económica en los próximos años es conseguir un crecimiento «sólido y sostenido» de la productividad y el empleo. Las previsiones del organismo apuntan que la economía española crecerá un 1,2% este año y un 1,6% en 2015, con tasa de paro del 24,6% y el 23,6%, respectivamente.
La organización recuerda que la crisis en España ha dejado tras de sí un elevado endeudamiento público y privado, así como una de las mayores tasas de desempleo de las economías de la OCDE y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Por ello, para «consolidar la recuperación y elevar la calidad de vida», la institución asegura que «se requieren medidas adicionales dirigidas a impulsar la competitividad y el crecimiento, y a conseguir que los efectos de la recuperación lleguen a toda la población».
La OCDE hace una batería de recomendaciones para reducir el endeudamiento y aumentar la competitividad, para estimular de forma sostenible el empleo y el crecimiento a medio plazo, y para hacer que el sector empresarial sea más dinámico.
Reducción de las cotizaciones de las empresas por empleados
En el informe se analiza la reforma fiscal propuesta por el Gobierno, y se afirma que «va en la dirección adecuada para impulsar la oferta de empleo y la inversión», aunque «se podría hacer más para dar prioridad al empleo y mantener una distribución justa de la carga impositiva». Para la OCDE el núcleo de reforma tributaria debería contemplar una reducción permanente en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social centrada en aquellos trabajadores con menor retribución. Una reducción de las cotizaciones que no es la primera vez que lo pide un organismo o empresa, ya lo ha hecho el Banco de España y el Centro de Estudios de BBVA. En este sentido, considera que es el grupo en el que la necesidad de estimular la oferta de empleo es más acuciante y que presenta la mayor elasticidad de la demanda con respecto al salario.
En cuanto al IVA, aunque la base del impuesto ya se amplió en 2012, «sigue siendo una de las más limitadas de las economías de la OCDE». Por ello, apuestan por aplicar el tipo general del IVA del 21% a la base impositiva «más amplia posible». Dado que el IVA es «regresivo», destaca que podrían adoptarse medidas dirigidas a mitigar el impacto sobre las rentas más bajas vía una mejora de la red de protección social o excluyendo bienes de primera necesidad como los alimentos.
Sobre la bajada del IRPF que ha aprobado el Gobierno y que entrará en vigor en enero de 2015 en una primera fase, la OCDE pide «cierta cautela» porque «las pérdidas de ingresos por las rebajas de impuestos podrían ser mayores de lo previsto».
Mayor impuesto como castigo por el daño al medio ambiente
Respecto a otras figuras impositivas, la OCDE cree que deberían aumentarse los impuestos sobre actividades nocivas para el medio ambiente y los tributos sobre los bienes inmuebles. La justificación es que ninguno de ellos es «especialmente elevado» en España y que estos impuestos «lastran menos» el crecimiento. Sobre el Impuesto de Sociedades, se aboga por ampliar la base impositiva, reducir el tipo y eliminar los regímenes especiales para pequeñas y medianas empresas.
El organismo también hace referencia al tratamiento fiscal que reciben las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) y asegura que el Gobierno también debería considerar revisarlo, junto con otros países de la UE. Las Sicav tributan por el Impuesto de Sociedades a un tipo de «tan solo» el 1%, recuerda la OCDE, quien insta además a «reforzar los controles para garantizar que este instrumento se utilice de manera adecuada y no para eludir el pago de impuestos».