El banco Mirabaud ha señalado este lunes que si bien no comparte la decisión oficial de la Fiscalía suiza de condenarle a una multa de 50.000 francos suizos por omisión de información a la autoridad suiza competente en prevención de blanqueo de capitales (MROS), asume esa sanción administrativa impuesta. Recuerda además que ese incumplimiento «no tiene relación alguna con la cuenta vinculada al rey emérito Juan Carlos I.
En un comunicado de la entidad, recogido por Europa Press, se expresa además que esa «falta», por la que tendrá que hacer frente también a unas costas de 150.000 francos suizos, «se circunscribe exclusivamente a una única transacción, ausente de vinculación alguna con el rey emérito de España, la cual tuvo lugar hace más 10 años».
Indica que durante este periodo, el Grupo Mirabaud ha venido experimentado un importante crecimiento, «reflejándose éste en la mejora, fortalecimiento y desarrollo de sus procesos internos». El fiscal suizo señalaba en su comunicación de este mismo lunes que «numerosos elementos requerirían que el banco procediera a una comunicación, principalmente las informaciones publicadas por la prensa, el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta –de Corinna Larsen– y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico».
SATISFACCIÓN POR EL CIERRE
Por otro lado, desde Mirabaud indican que reciben con satisfacción el cierre de la investigación abierta en 2018 por la Fiscalía de Suiza en relación a la Fundación Lucum, y subrayan que ese archivo equivale «a una total absolución» de los encausados y a la ratificación de «la inexistencia de cualquier actuación de blanqueo de capitales».
«Después de tres años de exhaustiva investigación, esta decisión viene a ratificar plenamente la posición defendida por la institución desde el inicio de la investigación, y supone un punto y final a las acusaciones sin fundamento vertidas contra nuestra entidad», indican en un comunicado recogido por Europa Press.
Asimismo, señalan que el Grupo Mirabaud se congratula en saber que el presidente de su consejo de Administración, Yves Mirabaud, «ha sido completamente exonerado de cualquier responsabilidad por un presunto incumplimiento en el deber de informar al MROS (Autoridad Suiza competente en prevención de blanqueo de capitales)».
LA INVESTIGACIÓN SOBRE LUCUM
Ha sido esta mañana cuando el fiscal suizo Yves Bertossa, por medio de un comunicado, ha hecho público el cierrede la investigación que realizaba sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados tanto a la examante del rey emérito Corinna Larsen como a diversos gestores, Arturo Fasana y Dante Canonica, y banqueros. Esa fundación panameña, de la que era beneficiario Juan Carlos I, fue la depositaria de una donación de 100 millones de dólares, 65 millones de euros, realizada en 2008 por el rey Abdalá de Arabia Saudí.
En un comunicado, el Ministerio Público del país helvético indica que se ha decidido cerrar el caso, y por lo tanto exonera a todos los investigados, incluida Larsen, persona a la que el exmonarca habría donado con posterioridad –en 2012– esa misma cantidad. Cabe recordar que en esta causa no constaba como investigado el rey emérito.
El fiscal Bertossa imputaba a los encausados un presunto delito de blanqueo de capitales, el motivo era la falta de transparencia sobre esa donación de 65 millones de euros. Sin embargo, en ese comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que la investigación «no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad».
Por este motivo, el Ministerio Público, indica la nota, ha decidido el archivo parcial del proceso al no encontrar cargos suficientes. Sin embargo, sí que indica que las costas del procedimiento, fijadas en 200.000 francos suizos, debe correr a cargo de los demandados.
Además, apunta que, al término de las pesquisas, la Fiscalía ha resuelto que el uso de esa fundación Lucum y de otras sociedades de los encausados «demostrarían una voluntad de ocultación». «Los montantes concernidos, el origen de los bienes, la ausencia de documentación adecuada justificando las transferencias, las pretendidas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí en favor de Juan Carlos I y luego de este último en favor de Corinna) así como la cronología de los acontecimientos constituyen indicios de cargo de los acusados», apunta.
