Así lo señaló en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Servimedia, en la que Montero explicó que todavía se está trabajando en los ajustes de dicha medida, sobre la que aseguró que “no tiene un afán recaudatorio”, sino que se debe a una petición de Unidos Podemos en las negociaciones sobre los Presupuestos de 2019.

En este sentido, la ministra aseguró que “la fiscalidad no castiga a nadie” y que el objetivo de la medida es que “quien más tiene más aporte”, al considerar que existe un diferencial en la recaudación respecto a la media europea y que hay que “apurar los márgenes” en términos de fiscalidad.

Además, Montero recordó que la población con rentas superiores a 140.000 o 150.000 euros “no llega ni siquiera al 0,5% de los contribuyentes” y que, por tanto, “al 99,5% de la población no se le va a subir”.

Según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) recogidos por Servimedia, el nuevo tramo de IRPF para las rentas superiores a los 140.000 euros anuales aportaría una recaudación adicional de alrededor de 414 millones de euros, afectando a 101.934 contribuyentes.

De esta manera, Montero aseguró que el Gobierno no subirá los impuestos a la clase media trabajadora ni a las pymes ni a los autónomos, sino que pedirá “un mayor esfuerzo a las grandes corporaciones, grandes grupos empresariales y grandes patrimonios” con la finalidad de “proteger a las personas que utilizan los servicios públicos, revitalizarlos y que nos sintamos orgullosos de ellos”.

Para ello, la titular de Hacienda recordó que la intención del Ejecutivo es establecer un impuesto a las grandes tecnológicas, a las transacciones financieras, un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades, e impuestos medioambientales “que no son recaudatorios sino disuasorios”.

DIÉSEL

En referencia al anuncio realizado por parte del Gobierno de incrementar la tributación del diésel, Montero afirmó que en lo que respecta a los impuestos medioambientales está habiendo “una discusión muy responsable” pero que “lo que no tiene sentido es que haya una diferencia entre el precio de la gasolina y el del diésel” por lo que “se aconseja una equiparación progresiva que no se dará de una sola vez”.

Sobre este punto, la ministra indicó que la mayoría de trabajadores autónomos transportistas no utilizan diésel pero que, en cualquier caso, habrá desgravaciones para que aquellos que sí lo usan no se vean afectados por la medida.

Además, Montero también señaló que en el futuro se desarrollarán “planes de renovación para que en el futuro se den condiciones para que las familias puedan comprar un nuevo vehículo” a precios asequibles.

PATRIMONIO Y SUCESIONES

La titular del departamento de Hacienda también afirmó que el Gobierno no tiene previsto alterar el impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas. Sin embargo, sí afirmó que se debe producir “una armonización a nivel estatal” en el impuesto de Sucesiones.

En este sentido, explicó que esta cuestión se abordará cuando se debata la reforma del modelo de financiación autonómica, sobre la que resaltó que ya inicia su parte política, con el objetivo de impedir que haya una fiscalidad distinta dependiendo de la comunidad autónoma en la que se reside, y con el objetivo de que todas las regiones dispongan de los recursos necesarios para asumir sus competencias.

SICAV

En relación a las sociedades de inversión de carácter financiero, las sicav, Montero reconoció que existe una “mirada crítica porque algunas veces han servido como paraguas para funciones para las que no estaban previstas” pero que “legalmente tienen algunas funciones importantes”.

Por ello, destacó la necesidad “de revisar esta figura” y “someterla a mayor control para que no se utilicen para ocultar patrimonio”, de tal forma que en lugar de eliminarlas se corrija “aquello que no funciona”.