Así lo expresó la ministra durante su defensa en el Pleno de la Cámara Baja de la convalidación del texto, que permitiría a las entidades locales con remanentes de tesorería recibir un ingreso no financiero del Estado por importe máximo de 5.000 millones que podrán destinar a mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles.

Según Servimedia, se trata de un fondo presupuestario cuya adhesión implica que las entidades locales se comprometen de manera voluntaria a constituir un préstamo a favor de la Administración General del Estado por sus remanentes de tesorería que les serán devueltos íntegramente en un plazo de 10 años o hasta 15 años si optan por unas condiciones financieras más favorables.

En cuanto a la distribución, el Estado transferirá a los entes locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. El dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de darles un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones.

Durante su intervención, Montero reivindicó el papel jugado por la FEMP en este acuerdo, que fue aprobado por la federación de municipios el pasado 3 de agosto por 12 votos a favor, 12 en contra y una abstención, siendo decisivo para su aprobación el voto del presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.

Así, ante las críticas de otros partidos políticos al acuerdo, la ministra de Hacienda señaló que esas formaciones no han presentado “ninguna propuesta que respete los límites constitucionales” para permitir a las entidades locales hacer uso de su remanente de tesorería sin incurrir en déficit, algo prohibido tanto por la ley de estabilidad presupuestaria como por la propia Constitución. Asimismo, Montero destacó que la FEMP es el órgano que representa “la democracia de los municipios” y que, por tanto, cualquier acuerdo en su seno debería ser respetado por el Congreso de los Diputados.