Pese a haberse reducido 9 décimas del déficit autonómico lastró las cuentas del Gobierno en 2015 

«Insuficiente». Así calificaba ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la reducción del déficit público del conjunto de las Administraciones en seis décimas, y que dejó las cuentas del Estado en 2015 con un negativo del -5,16 por ciento. O lo que viene a ser lo mismo España incumplió en casi un punto con los objetivos del -4,2 por ciento acordados con Bruselas.

De las cuatro administraciones -Estado, autonómica, local y Seguridad Social- dos son la principales culpables. El esfuerzo de nueve décimas de reducción del déficit con respecto a 2014, del -1,75 al -1,66 por ciento (0,96 décimas por encima del objetivo previsto para 2015), no ha sido suficiente para acallar las críticas de Montoro hacia las Comunidades Autónomas «alguien no ha hecho lo que tenía que hacer, y ese alguien no ha sido el Estado», afirmaba.

Meterlas en cintura se promete una tarea ardua que se alargará, previsiblemente, más de un año. Para ello el Gobierno «dará cumplida respuesta a las recomendaciones de Bruselas» que pusieron negro sobre blanco el pasado día 09 de marzo. Así se limitará el gasto crecimiento del PIB potencial estimado para 2016 en el 1,8 por ciento. La medida no implica que se tengan que aprobar nuevos recortes presupuestarios «no les vamos a pedir que reduzcan el gasto», insistía el titular de Hacienda. Ahora bien, lo que sí se les exigirá será que los 6.897,78 millones de euros que correspondientes a  las liquidaciones a cuenta del año 2014 y los 3.000 de los Fondos de Financiación para las Comunidades Autónomas,  se destinen en su integridad a «corregir la desviación».

Asímismo Montoro, en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha afirmado que se «aplicará el artículo 25» que recoge las medidas coercitivas a aplicar en situaciones de incumplimiento  de los objetivos de déficit. Las autonomías, por tanto, no podrán pedir créditos sin autorización previa del Estado y, según reza la norma, «las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado». Es decir, será directamente la Administración central la encargada de redistribuir lo recaudado vía impuestos autonómicos.

Lo que según fuentes de Hacienda «no se va a hacer, en ningún caso», es exigir el depósito del 0,2 por ciento de intereses en el Banco de España, ya que «sería ahogarlas más aún de lo que están». Tampoco, por el momento, se enviará a la comisión de expertos.

Sólo cumplen tres

De las 17 Comunidades Autónomas sólo tres de ellas han cumplido con el -0,7 exigido para el año pasado, Canarias (-0,54 por ciento), Galicia (-0,57) y País Vasco (-0,69), «habiendo además registrado crecimiento económico», detallaba Montoro. En la parte contraria, y aunque consiguió reducir su déficit en 4 décimas, Cataluña fue la autonomía que registró la cifra de déficit más elevada (-2,70 por ciento), seguida de Extremadura (-2,64) y Murcia (-2,52).

Además de la comunidad presidida por Guillermo Fernández Vara, en el apartado de las autonomías que mostraron un empeoramiento en relación al año anterior destacan Aragón, que pasó del -1,80 al -2,13 y Navarra, del -0,85 al -1,28. La lista de las más incumplidoras la completan Asturias, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Cabe destacar que, aunque con respecto al cierre de 2013, el conjunto del déficit autonómico se incrementó 9 décimas, si miramos a 2011 cuando se registró un -3,35, la reducción es de 1,69 puntos.

No se cotiza suficiente

La segunda Administración que no ha ido todo lo bien que preveía el Gobierno es la Seguridad Social. De hecho ha sido la única que no sólo no ha cumplido con el déficit sino que lo ha incrementado con respecto al ejercicio de 2014, desde el -1,44 por ciento al -1,71 por ciento.

Desviación de 22 décimas que se debe por una parte al incremento del gasto en pensiones y por otra a que «las cotizaciones no son suficientes». De hecho la previsión de recaudación por este concepto del 3,6 por ciento se ha quedado a menos de la mitad, en el 1,75 por ciento.

Pese a lo preocupante de las cuentas del sistema, en materia de pensiones Montoro ha sido claro «no se recortan ni se han recortado». No obstante el ministro ha reconocido que urge avanzar en la reforma del sistema de financiación y convocar, cuanto antes el Pacto de Toledo, ya que ésta es una decisión que «debe tomarse desde el consenso de todos los grupos».

No se ha engañado

La inquina del ministro de Hacienda con algunas autonomías podría venir dada más que por el incumplimiento en sí por la falta de compromiso a la hora de presentar sus Planes Económicos Financieros (PEF) de ajuste. Según fuentes próximas al ministerio «han esperado hasta el último momento».

Esta sería la justificación al baile de cifras en las desviaciones. Desde le 4,5 por ciento al que se refirió en febrero el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta el 5,16 definitivo.

Por otra parte, Montoro ha querido poner el acento en que de no ser por los gastos «no recurrentes» -hepatitis C, contratos de colaboración público privada, ejecución de avales, etc…- el déficit habría sido del 4,8 por ciento (cuatro décimas inferior).