La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha multado con 3,703 millones de euros a cinco entidades del Grupo Moody’s, con sede en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, por el incumplimiento del Reglamento de Agencias de Calificación Crediticia (CRAR) en materia de independencia y prevención de conflictos de interés de los accionistas.

Las cinco entidades objeto de la acción son Moody’s Investors Service (Moody’s UK), Moody’s France, Moody’s Deutschland, Moody’s Italia y Moody’s Investors Service España (Moody’s España).

Las infracciones sancionadas por la CNMV europea se refieren a la emisión de calificaciones crediticias sin respetar la prohibición de emitir nuevas calificaciones sobre entidades en las que un accionista de una agencia de calificación crediticia (CRA) exceda el umbral de propiedad del 10% y/o es miembro del consejo de la entidad calificada, así como por no revelar los conflictos de intereses relacionados con el umbral de propiedad del 5%,así como por los procedimientos internos inadecuados para gestionar conflictos de intereses de los accionistas.

«Se concluyó que todas las infracciones se debieron a negligencia por parte de Moody’s», señala ESMA en un comunicado.

En el caso de Moody’s UK, la multa impuesta asciende a 2,735 millones de euros como consecuencia de haber emitido nuevas calificaciones en violación de la prohibición relacionada con el umbral de propiedad del 10%, así como por la falta de divulgación adecuada sobre conflictos de intereses de los accionistas, además de por falta de políticas y procedimientos adecuados.

De su lado, la sanción para Moody’s France asciende a 280.000; euros y a 340.000 en el caso de Moody’s Germany, mientras que Moody’s Italy y Moody’s España han sido sancionadas con 174.000 euros cada una. En el caso de estas cuatro entidades, la ESMA seña la falta de información adecuada con respecto a conflictos de intereses de los accionistas.

«La ESMA cree que es crucial, para garantizar calificaciones independientes de buena calidad y para proteger a los inversores, que las CRA identifiquen cuidadosamente y, posteriormente, eliminen o gestionen y revelen los conflictos de intereses para evitar la interferencia de accionistas en el proceso de calificación», explica la autoridad.