Motoristas de toda España se manifestarán este jueves 13 de mayo de manera simultánea en más de 20 ciudades para reclamar que no se implante el uso obligatorio del airbag, y contra la posibilidad de implantar peajes en las autovías.
En un comunicado, la plataforma ciudadana Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas argumenta que las administraciones públicas «cobran denuncias, tasas e impuestos suficientes para sufragar su mantenimiento, derivados del uso y gestión de vehículos».
Asimismo, piden que se reduzca el pago de uso de autopistas de peaje para motocicletas, no equiparándolas a los vehículos turismo y situándolas en una escala inferior y proporcional al desgaste derivado de sus instalaciones.
Los motoristas solicitan que se incremente la velocidad en autopistas a 130 km/h, que se reforme el Reglamento General de Circulación permitiendo el uso de intercomunicadores en los cascos de protección, la circulación por el arcén practicable en casos de congestión estática del tráfico a velocidad moderada, y que se reduzca el IVA de los equipos de seguridad para motociclistas.
Igualmente, reclaman mejoras de seguridad en los guardarraíles, el firme de carreteras y calles, las marcas viales y que se señalicen «de forma adecuada y cumpliendo con la ley» todos los peligros.
Por otro lado, quieren que la Dirección General de Tráfico (DGT) «deje de acosar a los ciudadanos motociclistas tratando de imponer medidas de lastre al uso de las motocicletas, dificultando el acceso» a este medio de movilidad personal, y junto al resto de las administraciones públicas competentes en materia de la seguridad vial, «vigilen también los incumplimientos legales relativos al mal estado de conservación de las carreteras».
Entre otras reclamaciones, los motoristas piden que se mejore la investigación de los siniestros de tránsito, identificando los factores reales directos o indirectos de los accidentes para determinar las medidas preventivas adaptadas a la realidad de las circunstancias; así como un protocolo de investigación de accidentes de tráfico para todos los cuerpos policiales y la unificación de la formación de los investigadores.
También solicitan que las fiscalías de seguridad vial «persigan a los responsables que, teniendo la obligación de mantener la carretera en las mejores condiciones posibles de seguridad vial, no restituyen la seguridad de la vía (artículo 385.2 del Código Penal) y que los ayuntamientos reconozcan la motocicleta como un medio de transporte de alta eficiencia, permitiendo su uso en zonas de bajas emisiones».
Los motoristas tienen previsto movilizarse en las calles de Madrid, Barcelona, Girona, Alicante, Valencia, Castellón, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Jaén, San Sebastián, Gijón, Mérida, Vigo, León, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Palma de Mallorca, Santander y Las Palmas de Gran Canaria.
